Breves consideraciones sobre el borrado de los ordenadores en la sede del Partido Popular y su imputación como persona jurídica por los casos de financiación ilegal

Por tres resoluciones judiciales, precedentes a esta última de la Audiencia Provincial de Madrid que ha ordenado reabrir la causa, había sido desestimada la imputación del partido popular por el vaciamiento de los discos duros de ordenadores procedentes de su sede y que son titularidad de la misma, no del Señor Bárcenas; al borrado de los mismos se procedió después de la primera resolución desestimatoria de su utilidad como prueba, por lo que entra dentro del ámbito de la actividad normal, la realización periódica de dicha actividad

El partido socialista adalid mediático en la lucha contra  la corrupción de los partidos ajenos, parece tener conocimientos acreditados sobre destrucción de pruebas y así se deduce del tenor de las informaciones que van viendo la luz, relativas a  mecanismos de destrucción de documentos que, por las Consejerías de las que resultaban provenientes y el tiempo en el cual fueron desintegrados, figuran esenciales para la citada causa abierta, y así lo manifiesta el funcionamiento de las trituradoras a destajo en las últimas semanas de noviembre de 2010, fuera del horario de oficina e incluso en domingo, evidenciándose mas notoria esta destrucción “casual”, en los departamentos de  la Consejería de Economía, Ciencia e Innovación, ya que de este departamento dependen  agencias como IDEA, implicadas en el tráfico de subvenciones del caso ERE, además de ser  la consejería competente para la concesión de ayudas y subvenciones destinadas a empresas en quiebra,  igualmente en la Consejería de Empleo, que incorpora los altos cargos con competencias en materias de empleo tales como la concesión y subscripción de  las pólizas de prejubilación

En anteriores formas de proceder de la Junta de Andalucía lo habitual era que  las bolsas con documentación que no estaba siendo objeto de investigación judicial y que había amortizado su tiempo útil, fueran vaciadas en recipientes destinados al reciclaje de papel, pero “el destino” hizo que las bolsas útiles a la instrucción, por contener posible documentación relacionada con las competencias de tales consejerías y su deshonesta gestión, lo que se ha dado en llamar “Caso ERE”, no fueron depositadas en los citados recipientes, y que en su momento fue  denunciado por el Señor Sanz, diputado del partido popular en Andalucía, “se ha utilizado "la trituradora" para "ocultar papeles e intentar destruir las pruebas" del "fraude" y del "robo" de mil millones de euros que debían haber servido para ayudar a los parados”

Ahora el  PSOE presume de denunciar que la corrupción en el partido popular se encuentra tan extendida que afecta a su médula misma como organización, razón por la cual ha resultado imputado, cuando la única verdad jurídica es que si el partido socialista cometiera ahora los delitos reseñados, por los que muchos de sus altos cargos se encuentran inculpados y obtuviera condena por ello en aplicación del nuevo Código Penal, la sentencia podría incluir como pena la disolución de la formación supuestamente progresista o la suspensión de sus actividades durante años.

Pero el Gobierno socialista que abordo un primer cambio legal en 2010 para regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas, eximió deliberadamente  a sindicatos y partidos; y fue la reforma de 2012 del Ejecutivo del PP la que eliminó estas excepciones incorporando además en el año 2015 el delito de financiación ilegal; por tanto gracias a las decenas de leyes por la transparencia y en contra de la corrupción que ha aprobado en solitario y merced a la tan denostada  mayoría absoluta; en esta última legislatura y sin el principal apoyo del partido de la oposición, EL MISMO PARTIDO POPULAR AHORA PUEDE SER IMPUTADO. ¡Que corrupto debe ser un partido que aprueba leyes que le van a suponer una pena y no solo de banquillo,  razón por la que los demás grupos de la cámara no las votan! , ¿no sera que estos  últimos, conscientes de la podredumbre que crece entre sus entresijos, en vez de airearla, la sofocan denunciando públicamente a los demás?

Los hechos que se juzgarán relativos a los ERE corresponden a un periodo (1990-2009) en el que la Ley no preveía la responsabilidad penal de los partidos ni el Código Penal incluía la financiación ilegal de las formaciones políticas.

El PP introdujo la responsabilidad penal de los partidos políticos en la reforma del Código Penal del 2012 y la del 2015 incorpora el delito de financiación ilegal. Hasta ahora, las formaciones que se financiaran ilegalmente y fueran descubiertas por el Tribunal de Cuentas sólo eran sancionadas por la vía administrativa con una multa económica.

Aun así en este mismo año 2016, como coletazos de nuevos casos interconectados por un mismo proceder bien estructurado y generosamente engrasado, se ha procedido por la Junta de Andalucía, a la quema de documentos  en un descampado de Sevilla, razón por la que el PP ha exigido a la presidenta, Susana Díaz, una explicación "inmediata" ante lo que consideran que supone "gravísimas infracciones" no solo de carácter administrativo sino que podrían ser también penales. “Una furgoneta con los logotipos de la Junta estaba con las puertas abiertas en el descampado junto a una hoguera donde se estaban quemado papeles fuera del horario laboral de los funcionarios” según ha sido denunciado, habiéndose comprobado además  restos de hogueras de días anteriores, por lo que se ha cuestionado si se trata de un lugar habitual donde la Junta quema documentos; si fuera así, la administración andaluza estaría atentando contra la Ley Orgánica de Protección de Datos, que establece el procedimiento para destruir la información pública, y no hay ningún artículo que recoja la posibilidad de que pueda ser en una fogata, además de contravenir toda normativa medioambiental, e incluso no solo de carácter administrativo sino también penal.