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SUSANA DÍAZ Y SU VINCULACIÓN A LOS ERES, CURSOS DE FORMACIÓN
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EL MARIDO DE LA PRESIDENTA
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LA ECONOMÍA ANDALUZA DESDE QUE OCUPÓ LA PRESIDENCIA SUSANA DÍAZ
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40 AÑOS DE RÉGIMEN SOCIALISTA ANDALUZ
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RECURSOS RECIBIDOS
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MAL GOBIERNO DE LA CORRUPCIÓN
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EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA
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PESO DE LA INDUSTRIA EN ANDALUCÍA
1.-
SUSANA DÍAZ Y SU VINCULACIÓN A LOS ERES Y CURSOS DE
FORMACIÓN
La
presidenta de la Junta ha tirado de currículum, en el que aparecen
su licenciatura en Derecho por la Universidad de Sevilla y un
máster en Alta Dirección de Instituciones Sociales, pero
el curso que permitió
a una Susana
Díaz,
que
ingresa con 17 años en las Juventudes Socialistas,
obtener este titulo Máster
fue
impartido por el Instituto
Internacional San Telmo,
perteneciente a una fundación con el mismo nombre, y que de 2004 a
2009 estuvo subvencionada con
fondos de los ERE.
En
ese mismo periodo, y como “contrapartida”,
cargos
de la Junta de Andalucía y del PSOE obtuvieron formación gratuita
en ese centro,
tal y como consta en el sumario de la juez Alaya desvelado en
septiembre por La Razón, de
ahí
las reticencias de la Junta a hacer público del
documento que avalase el pago del mencionado máster
por parte de Díaz
La
presidenta andaluza no ha trabajado nunca fuera del PSOE y
necesitó diez años para finalizar la carrera de derecho, de hecho
sabemos que recogió su título en la Universidad de Sevilla a
finales del 2017 en una “ceremonia” privada, en la que pidió
expresamente la no presencia de medios.
Tanto María Jesús Montero, consejera de Salud con Manuel Chaves, como José Antonio Griñán, consejero de trabajo y posteriormente presidente de la Junta, al haber sido miembros de los consejos de gobierno del anterior presidente participaron en las decisiones dando luz verde a las ayudas fraudulentas de los EREs ; pues bien, María Jesús Montero, ha sido una estrecha colaboradora de Susana Díaz, persona de su máxima confianza y una veterana del gobierno andaluz desde la etapa de Manuel Chaves al frente de la Junta. La juez Mercedes Alaya, -primera instructora del caso EREs- volvió a denunciar las presiones que recibió en su Juzgado por parte del PSOE y de la Junta y los continuos obstáculos a su investigación. Una Junta en la que la nueva ministra ha jugado con Susana Díaz un papel determinante.
La
oposición denuncia la estrategia
de desinformación
y la falta
de colaboración del
Gobierno andaluz presidido
por Susana Díaz
con la comisión de investigación y
cuando se ha visto obligado a participar, ha inundado
el Parlamento con miles de documentos, atestó varías salas con
papeles, no discriminó los expedientes bajo sospecha, que en muchos
casos siguen sin llegar a manos de la oposición, y tampoco atendió
la reclamación de que esa documentación llegara digitalizada,
aunque la mayoría de esos documentos tienen copia digital.
Uno
de los representantes de la Cámara de Cuentas
reconoció que fueron las presiones de la Junta las que hicieron que
se borrara el nombre del Griñán de un informe oficial de auditoría
que lo señalaba como responsable del desmadre de los ERE.
Otra
de las auditoras de la Cámara explicó que las famosas
transferencias de financiación con las que se pagaban EREs y ayudas
sociolaborales se usaron "en fraude
de ley"
y
que se había eliminado de los informes oficiales toda referencia al
menoscabo de fondos públicos a pesar de haberse constatado
"evidentemente" el riesgo.
Esto
es, el paso de interventores y auditores está dejando el juicio
sobre el procedimiento de los ERE, donde hay procesados 22 ex altos
cargos de la Junta, a los pies de unos caballos que van a
depender mucho de las conclusiones que alcance la Fiscalía al final
de sus sesiones. Luego se verá si los caballos que resulten
decisivos se dirigen directamente hacia Susana Díaz y la Junta de
Andalucía.
Los
tres ministros andaluces del gabinete de Pedro Sánchez entraron en
la política de la mano de Chaves, hoy enjuiciado por el 'caso ERE'.
A Carmen Calvo la nombró consejera en 1994 y en aquel ejecutivo
coincidió con Planas, cuya amistad perduraría con los años. María
Jesús Montero entró como consejera una década después, en 2004,
al frente de Sanidad. Luego en 2012, ya con Griñán de presidente,
coincidió con Luis Planas, este otra vez como titular de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Como
Susana Díaz, Antonio Pulido Gutiérrez, fue un
protegido de José Antonio Viera,
quien se perfila como uno de los máximos paganinis
del
caso ERE desde
los 20 millones anuales que administra en la Fundación Cajasol que
preside, es el correo de la presidenta de Andalucía.
Según
el Confidencial Andaluz,
nunca
se investigó la desaparición de un préstamo a nombre Manuel Chaves
y 32 dirigentes socialistas más, del circuito informático de la
Caja de Ahorros de Jerez, luego incorporada a Caja San Fernando.
Tampoco se investigó el "tráfico de coincidencias"
familiares de la plantilla de esta última con
destacados dirigentes socialistas, Tampoco
la existencia de tarjetas black en manos de sus dirigentes afines al
PSOE. Tampoco la venta de participaciones preferentes, como las de
Caja Madrid, cuando era presidente de la entidad Cajasol el propio
Pulido. Curiosamente, la Junta multó a Caixabank en 2013 y omitió
el papel del amigo de Susana, ya consejera de la Junta. El hábil
Pulido se convertía así en el "cuarto
rey mago" de Sevilla gracias
a sus subvenciones generalizadas a entidades, asociaciones y fuerzas
vivas.
Añade
El Confidencial Andaluz que Pulido riega de dinero a "colegios
profesionales, medios de comunicación, Policía Nacional, Guardia
Civil, Cámaras de Comercio, sindicatos (CCOO y UGT), patronal CEA,
el mundo de los toros, el flamenco, el Defensor del Pueblo, la Cámara
de Cuentas, Consumidores, Congresos de Jueces y Fiscales, los
Carnavales y la Feria de Abril (donde financia y monta una gran
caseta cada año) y, también, el pueblo donde nació, Castro del
Río, en la provincia de Córdoba. Es un gran gastador
en publicidad institucional de su Fundación, el segundo gastador
después de la Junta, nada menos, lo que le convierte en intocable
para determinada prensa andaluza.
Imagínese
que haría si su amiga Susana, a la que llevaba en Vespa cuando ambos
eran miembros de Juventudes Socialistas, le pidiera algo alguna vez.
Pulido se jacta demasiado de ser un íntimo de Susana Díaz, que, por
cierto, le invitó al bautizo de su hijo. O sea Pulido, que ha
logrado ser incluso Caballero
de la Orden de la Estrella de Italia,
condecorado en presencia de Susana Díaz cuando era consejera de
Presidencia de José Antonio Griñán en 2013,
Ahora
bien, lo relevante en este momento es su
papel en
la corte de Díaz.
Se
sabe además que es amigo
de quien dirige Canal Sur,
Joaquín Durán, e incluso del consejero de Justicia de la Junta de
Andalucía y ex fiscal, Emilio de Llera. Pero Pulido afina cuando se
apunta el tanto de haber fraguado amistades juveniles con Rafael
Velasco, que llegó a ser número 2 de Griñán y revoleado por el
caso del fraude de la formación; con Susana Díaz, entonces
secretaria de organización de las Juventudes Socialistas
y el entonces alto cargo del Instituto Andaluz de la Juventud, Mario
Jiménez, del que ya hemos hablado.
El
que fue director general de trabajo de la junta y uno de los
principales encausados en el juicio de la pieza politica de los ERE,
Francisco
Javier
Guerrero,
echo el domingo mas leña al fuego de los ere, al afirmar
en un programa de televisión
que la
presidenta de la Junta
Susana
Díaz,
durante su etapa de secretaria de organización del PSOE
en Sevilla
”se interesaba” por algunos de los expedientes de las ayudas bajo
sospecha,apunta que era conocedora de las ayudas recibidas por
algunas empresas
José
María Moriche, marido de la presidenta de la Junta de Andalucía,
será incluido en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE)
extintivo que la cadena de librerías sevillana para la que trabajaba
Susana
Díaz niega cualquier atisbo de vinculación a los casos de
corrupción investigados y se hace eco de ser el gobierno de la
transparencia en cambio la
magistrada sevillana Mercedes
Alaya
lamenta las presiones políticas que directa e indirectamente recibió
durante
la instrucción de esos macroprocesos, así como las recibidas por un
testigo protegido del caso de los cursos de formación.
A
preguntas de una entrevista realizada por el diario ABC de Sevilla la
magistrada contesta:
“¿Ha
sufrido presiones e injerencias políticas directas o soslayadas
cuando instruyó el caso ERE, Mercasevilla, el de los avales, los
cursos de formación…?
Por
supuesto, a diario. ¿Cómo? A través de las manifestaciones
constantes en Prensa por parte de los políticos, como cuando Alfonso
Guerra dijo que yo estaba vinculada al PP, o que tenía una relación
especial con Juan Ignacio Zoido, extremos totalmente alejados de la
realidad, o como cuando Susana Díaz contactó con el CGPJ para
sugerir o protestar en relación al caso de los ERE. Pero las
injerencias en mi imparcialidad e independencia que más me han
dolido han sido las protagonizadas desde altos cargos del poder
judicial.
Volviendo
a los políticos, lo de la presidenta de la Junta de Andalucía fue
muy grave, pues provocó en mi opinión que yo dejara de investigar
dichos procedimientos a cambio de un pacto político que se debió
producir entre el PP y el PSOE, y que ya venía evidenciándose en
las diferentes macrocausas que instruía al denotarse un menor
interés acusatorio”
“Un
testigo protegido en el caso de los cursos de formación, ha
denunciado presiones y acoso por parte de la Junta. Eso no anima
mucho a otras personas para destapar presuntos casos de corrupción.
Este
señor se vio acosado mucho antes de que declarara judicialmente como
testigo, porque él intentó desde dentro poner orden y denunciar
todas estas irregularidades que se estaban poniendo de manifiesto. Lo
que hicieron fue arrinconarlo en un despacho, sin ningún ordenador,
sin posibilidades de trabajar ni ejercer ninguna labor profesional,
quitándole todas las funciones que desarrollaba... Es lamentable el
poder que puede ejercer la Administración pública sobre
determinadas personas, un poder coercitivo, el mismo que en ocasiones
ha intentado ejercer sobre mí la Junta de Andalucía. Imagino
que en el caso de otras comunidades autónomas habrá otros jueces
que habrán pasado por el mismo calvario”.
Cree
la magistrada que PSOE y PP, a través de los vocales que designaron
en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
forzaron su apartamiento de la causa para favorecer el estatus quo
que tenían en el poder autonómico.
Alaya
pidió la plaza que ahora ocupa en la Audiencia sevillana, pero su
intención era mantenerse en el juzgado de instrucción en comisión
de servicio, lo que el Poder Judicial no permitió. También denuncia
presiones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y deja
sobre la mesa «cosas asombrosas» que vio en la trama corrupta de la
Junta de Andalucía.
Insiste
en que aunque ella
pidió ese ascenso para no desperdiciar la oportunidad,tenía el
"compromiso verbal" de ser quien culminara la investigación
de las macrocausas de los ERE o el supuesto fraude de los cursos de
formación "dado el conocimiento adquirido sobre esos casos
misma" al cabo de varios años de instrucción.
Perdía
más tiempo, llega a decir, "dando clases particulares"
para explicárselos a un nuevo juez que haciéndolo ella. Pero se
encontró con que "todo fue un burdo
engaño porque
tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron
unánimemente, con el
informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la
investigación de dichos procedimientos".
La
número dos del PP andaluz ha manifestado al respecto "Lo
que sí es una farsa es la imagen de sí misma que ha tratado de
venderle la señora Díaz a los andaluces y a los españoles, cuando
se ha demostrado que practica el mismo clientelismo y el mismo
nepotismo que ha caracterizado al socialismo andaluz",
lamentó que la presidenta intente poner "en tela de juicio"
la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado al
investigar los cursos de formación.
Cuando
Susana Díaz
llegó a la presidencia de la Junta
de Andalucía,
una de las parrafadas más grandes se la dedicó a la transparencia,
abrir ventanas y dejar que entre un aire nuevo… Lo dijo así: “Nos
proponemos que la transparencia sea el principio rector del
funcionamiento de la Administración, aprovechando sin titubeos todas
las potencialidades que ofrecen las tecnologías de la información y
comunicación (…)
Era
el otoño
de 2013 y
en el mucho tiempo transcurrido, la transparencia de la gestión
pública en Andalucía se ha convertido en una estafa consumada con
algunos hitos notables en
autoritarismo a los que no había llegado el PSOE
andaluz ni
siquiera en los tiempos en los que gobernaba la comunidad con
sucesivas mayorías absolutas. Por ejemplo, fulminar a la mayoría
del Consejo Consultivo después de que cometieran ‘la
impertinencia’ de afearle jurídicamente la ilegalidad de algunas
de las normas que pensaba aprobar. O saltarse
el pacto que mantiene suscrito con Ciudadanos para combatir la
corrupción,
que debe ser que no se considera de aplicación en la trama política
de los ERE, la que afecta a Chaves y a Griñán.
Los
primeros que se sintieron estafados por las promesas incumplidas de
transparencia de Susana Díaz fueron sus
antiguos socios de
Izquierda Unida,
a los que dejó plantados en medio de la legislatura anterior con
casi todo el pacto por cumplir. Tan
mal acabó aquel acuerdo de gobierno que, ahora, uno de los censores
más agrios de Susana Díaz es el
líder regional de Izquierda Unida, Antonio
Maíllo,
que no para de repetir que “Susana
Díaz no es de fiar”.
En
uno de los últimos debates del Parlamento andaluz, Maíllo se sofocó
tanto que le dijo: “No
deja que crezca la hierba, solo
le gustan las puñaladas,
los derrocamientos, las peleas, el malmeter, es la 'hooligan' del
cole: pinchando todo el día con el bolígrafo y cuando saltamos es
que se meten conmigo. Aburre, señora Díaz, no sabe cuánto.
Representa la síntesis de lo peor de la política de este país”
En
diciembre pasado, el
Consejo Consultivo de
Andalucía,
que como todos los órganos de esta naturaleza emite informes sobre
los proyectos de ley, elaboró
un dictamen demoledor sobre una de las leyes que pensaba aprobar el
Gobierno de Susana Díaz y que ella misma califica como ‘ley
estrella’: la Ley de Formación Profesional. El Gobierno andaluz
llevaba casi cuatro años elaborando ese proyecto de ley y, cuando
finalmente lo envió al Consejo Consultivo, le encontraron tantos
defectos, tantas cosas había que suprimir, que lo ha invalidado por
completo.
Ese
dictamen demoledor se sumaba a otros similares, varios consecutivos,
Susana Díaz se decidió a tomar medidas para que no volviera a
ocurrir. Por sorpresa, sin
hablar con nadie, ni comunicar nada al Parlamento,
fulminó a todos los consejeros que no tuvieran una vinculación
directa con el PSOE o que estuvieran allí por el cargo institucional
que ocupan, como la Fiscalía del TSJA. En el lugar de los cesados,
colocó a gente de confianza, como
María
del Mar Moreno,
que lo ha sido todo en Andalucía, consejera del Gobierno varias
veces, número dos del PSOE-A y presidenta del Parlamento andaluz.
Ninguno de sus
predecesores se había atrevido a una actuación así, y
es probable que nadie en cualquier otra autonomía, y menos aún en
el Estado, se arriesgara a hacerlo; pero Susana Díaz, sí. otro mal
ejemplo de transparencia, este en sentido literal:
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó
al Gobierno andaluz por incumplir sus propias normas de transparencia
y las del Estado
también.
Fue por una antigua reclamación de una asociación de profesores, la
APIA, que pedía que se les comunicara cuáles eran los planes de
actuación de la inspección en centros de secundaria en la provincia
de Sevilla. Como no se los entregaban —los profesores piensan que,
en realidad, es que no existen, que se actúa arbitrariamente o no se
actúa—, la sentencia le obliga a entregarlos y recuerda, además,
que se trata de información pública, que no se puede ocultar.
En
el pacto que firmaron en 2015, por el que Susana Díaz alcanzó la
presidencia, los socialistas andaluces se
comprometieron con Ciudadanos
a lo siguiente:
“La
Junta de Andalucía colaborará en las investigaciones judiciales y
policiales que se puedan llevar a cabo sobre presuntos actos de
corrupción cometidos por personal al servicio de la propia Junta de
Andalucía. Asimismo, se personará en los procesos judiciales por
corrupción cuando pueda existir menoscabo para la Hacienda pública
de la Junta de Andalucía”.
Pero
no es eso lo que ha ocurrido en el mayor
fraude cometido contra la Hacienda andaluza.
Lo
primero que vulneró ese acuerdo fue la decisión de la Junta de
Andalucía de retirarse como acusación, y solicitar el archivo, de
la llamada ‘pieza política’ de los ERE, la que afecta, entre
otros muchos, a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán. La sospecha
ahora de Ciudadanos es que no solo se ha retirado, sino que, además,
la Junta está pagando la defensa de esos acusados en los ERE. “Si
es dinero público y se está pagando, tendrá que decirlo y explicar
el por qué”.
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VINCULACIÓN CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN
El
PP es quien más explicaciones ha pedido sobre las relaciones de José
María Moriche
marido
de Susana
Díaz
con
la fundación de UGT, Instituto
de Formación y Estudios Sociales (IFES),
clave porque fue supuestamente una de las que más fondos públicos
desviaron, cargando a la Junta por presuntas acciones formativas todo
tipo de gastos del sindicato. Tras cuatro meses de reclamaciones, por
fin llegó al Parlamento andaluz el
famoso expediente
98/2009/J/217,
por ocho millones de euros en ayudas públicas, donde se supone que
figura el marido de Susana Díaz. Moriche trabajó como
administrativo en esta fundación de UGT. Según fuentes del Gobierno
andaluz, tuvo un contrato de fijo discontinuo “durante unos ocho
años” y lo llamaban de forma puntual “por meses”.
Su sueldo, aseguran, era de “mileurista”.
Hasta hace poco, la Junta había limitado la vinculación de Moriche
con el sindicato a un año, 2010.
Desde
el PP-A quieren saber "en
qué cursos ha estado trabajando como profesor, qué materias ha
impartido, durante cuánto tiempo, qué proceso de selección ha
pasado para ser elegido o cuánto cobró".
La Junta inició, dos años después, una reclamación a UGT por este
expediente de ayudas, aunque no se sabe por cuánto dinero ni si se
ha recuperado alguna cantidad.
Según la documentación oficial, al marido de la presidenta se le
abonaron nóminas en
concepto de “preparación, tutoría y evaluación” para cursos de
informática de usuario, operador de cámara, técnico de sistemas
microinformáticos y formador ocupacional con cargos a las ayudas
dadas al sindicato para cursos.
El
5 de mayo de 2014, F.M. y A.M. revelan en 'La Razón' que la
justificación del expediente 98/009/J/217 entregada por UGT a la
Junta de Andalucía y que ahora revisa la Consejería de Educación
incluye, entre otros apuntes contables, el salario de José María
Moriche Ibáñez, marido de Susana Díaz que fue contratado por el
Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES) que
gestionaba los cursos de formación adjudicados al sindicato.
En
la documentación a la que ha tenido acceso 'La Razón', aparecen
porcentajes del salario computados a distintas acciones formativas.
Es
el caso de cursos de informática de usuario, diseño web y
multimedia, técnico de sonido, infografista de medios audiovisuales,
atención a enfermos de alzhéimer, celador sanitario, vigilante de
seguridad privada, trabajador de centros de jardinería o automatismo
con control programable.
Moriche
trabajó como auxiliar administrativo -no como docente- en esta
entidad. IFES cargaba a la subvención de la Junta un porcentaje de
cada curso -incluido el coste de la seguridad social-, una práctica
habitual del sindicato y de la que existen dudas sobre su legalidad,
toda vez que no se podrían cargar los salarios del personal de
estructura a subvenciones finalistas.
El
expediente en cuestión en el que figura Moriche aglutina numerosas
irregularidades que ya fueron denunciadas por la Cámara de Cuentas
en su informe de fiscalización de la subvenciones otorgadas por el
Servicio Andaluz de Empleo.
La
Fiscalía Superior de Andalucía también ha detectado indicios
delictivos. Se trata de una subvención de 8.021.823 euros que
recibió UGT gracias a un convenio de colaboración con la Consejería
de Empleo.
Como
secretaria
de Organización del PSOE andaluz,
Susana Díaz firmó en abril
de 2011
un convenio con el sindicato hermano En ese acuerdo se prevé crear
un aula compartida en la casa del pueblo de Torreperogil
(Jaén)
para destinarla a dar cursos de formación. La jueza Mercedes Alaya
abrió una línea de investigación y ordenó rastrear todas las
cuentas bancarias de la Junta y el PSOE ante la sospecha de
financiación
ilegal
del partido con los cursos de formación. Ya como presidenta de la
Junta, tras conocer como consejera de la Presidencia la decisión de
Griñán de suprimir la Consejería de Empleo, Susana Díaz decide en
2015 devolver este departamento al organigrama de la Junta y vuelve a
mover las competencias de formación desde Educación.
Al
frente de la supervisión de los expedientes, la presidenta situó al
consejero José
Sánchez Maldonado.
La última vez que este dio cuenta públicamente de la investigación
interna ordenada en el seno de la Junta fue en julio
de 2015.
En aquel momento, Sánchez
Maldonado señaló un fraude de 72 millones de euros por ayudas que
no habían sido justificadas.
En ese periodo de 2007 a 2013, repartió 1.613 millones de euros.
Los
responsables de la Intervención redactaron hasta
ocho informes de actuación
que hubieran obligado a la presidenta de la Junta a tomar medidas
inmediatas
contra el posible fraude,
pero
esta no
ordenó medidas extraordinarias ni activó ningún código
rojo.
Los
socialistas sitúan
a Susana Díaz al frente
de esa nueva estrategia. “La presidenta lo sabe todo. Sin ella no
se mueve un papel. Claro
que comparte ese discurso”, señalan fuentes del grupo
parlamentario socialista. Tampoco
se sabe cuántas de las ayudas han prescrito, y se ha perdido el
dinero porque las reclamaciones no han llegado a tiempo.
Esa vía de información es constantemente bloqueada. La Guardia
Civil ha alertado en un atestado de la prescripción
de millones de euros.
El exconsejero de Educación Luciano
Alonso admitió
que la investigación de la Junta no estaría cerrada hasta finales
de 2015 (
se ha cerrado este año)
y ya saltaron las alarmas por la prescripción de posibles delitos de
desvío de fondos públicos.
Díaz
obvia que el proceso
de liquidación de la Faffe (Fundación
Andaluza de Formación y Empleo) se
prolongó hasta el año 2016 sin
que se dieran detalles contables de la misma, y que anteriormente,
bajo su presidencia, la
Cámara de Cuentas desveló en 2014 que ese ente público no había
justificado 50 millones de euros recibidos en subvenciones
nominativas,
entre otras irregularidades. La gestión de Faffe fue sometida a una
auditoría
realizada por ATD entre 2014 y 2016
cuyas conclusiones se trataron como información restringida por el
Gobierno andaluz de tal forma que la Guardia Civil reclamó a la juez
el pasado mes de junio, entre otras pruebas requeridas con
antelación, tener acceso al documento «completo».
No
es la única auditoría sobre el caso, ya que el exconsejero de
Economía, José
Sánchez Maldonado,
anunció otro procedimiento, posterior al informe de la Cámara de
Cuentas, que se encargaría a Deloitte.
En ambos casos, la elaboración de los informes se retrasó en
demasía y su difusión fue reservada. Poco se sabe de la segunda. El
Gobierno andaluz remitió a la comisión parlamentaria que en 2016
investigó el fraude de los cursos de formación de la Junta un
informe
«mutilado y maquillado»,
según denunció el PP, de la auditoría de ATD; que solo incluía 56
de sus 225 páginas.
Mientras
el discurso oficial era «máxima
transparencia y tolerancia cero contra la corrupción»,
el Gobierno socialista rechazaba todas las peticiones que sobre la
documentación de la Faffe le realizaron en la Cámara.
Mientras,
en el plano judicial, el caso Faffe sigue una tortuosa tramitación,
como prueban las repetidas peticiones de la UCO,
el PP o la Fiscalía a la juez
María Núñez Bolaños,
para que acelere la instrucción y se obligue a la Junta a remitir la
documentación requerida. La
Junta está personada en la causa por lo que puede controlar los
tiempos
del proceso judicial.
En
virtud del compromiso de «tolerancia cero contra la corrupción»,
la Junta hubiera inspeccionado por sí misma las cuentas de la Faffe
a la vista de las revelaciones de la Cámara de Cuentas.
Sería
difícil que los llamativos pagos
en prostíbulos con las tarjetas de la Faffe
pasaran desapercibidas en el ámbito de la Administración. Aún así,
la Junta nunca los hizo público y remitió
los datos al juzgado siempre después de que se denunciaran
públicamente.
Incluso
después de conocerse el pago de 14.737 euros en el club Don Ángelo,
el consejero ha venido negando que tuviera conocimiento de más
cargos y más tarjetas en posteriores comparecencias parlamentarias,
a pesar de la insistencia de la oposición. Así lo ha venido
haciendo hasta la disolución de la Cámara en pleno escándalo y
cuando había acuerdo de las fuerzas políticas de obligar a la
presidenta Susana Díaz a comparecer ante una comisión de
investigación que quedó sin efecto tras el adelanto electoral.
Hay
otra dimensión del caso que implica igualmente a la presidenta
Susana Díaz en el caso Faffe. Otra de sus líneas de investigación
son los 8.844 contratos irregulares que realizó esta fundación de
la administración paralela, entre los que constan numerosos casos de
enchufismo de familiares de cargos públicos y mandos del PSOE
andaluz.
El director general de Faffe, Fernando Villén, a quien se atribuyen
los gastos con tarjeta oficial en prostíbulos, fue secretario de
Empleo en la ejecutiva del PSOE andaluz bajo la dirección de Manuel
Chaves, hasta 2010. Susana
Díaz fue secretaria de Organización de los socialistas andaluces
entre 2010 y 2012, periodo en el que se produce el trasvase del
personal de la Faffe al Servicio Andaluz de Empleo,
que
consolidó en el seno de la Junta esas sospechosas contrataciones.
Lo
que 'más choca' de José
María Moriche
es la condición de 'mileurista' que figura en su última declaración
de IRPF de 2012. El documento refleja que
Moriche ganó en el último año 15.171,55 euros, (frente los 60.000
que declara su mujer) y le salieron a devolver 550,22 euros. Además,
ambos afirman que tienen dos inmuebles con la propiedad repartida al
50%.
José
María Moriche,
cónyuge de la lideresa, lleva camino de ligarse indefinidamente a la
tiesura. Recuérdese que, hace unos años, tras el escándalo de UGT
donde había sido contratado para cerca de 50 cursos considerados
irregulares por la propia Junta de Andalucía, fue
contratado por Librerías
Beta.
Bueno, pues su empresa ha quebrado. La "mala suerte" le
persigue. Un colectivo de sus trabajadores pone en duda la buena fe
de la quiebra.
Susana
Díaz fue nombrada consejera de Presidencia de la Junta en junio de
2012. Como tal, una de sus responsabilidades era Canal Sur. Poco
después, a comienzos de 2013, su
marido dejó el paro.
Empezó a trabajar para un proveedor de la televisión pública. El
grupo ZZJ, cuya matriz producía entonces programas para Canal Sur
como Menuda noche y Diez razones, contrató a Moriche dentro de su
cadena de librerías Beta, propiedad al cien por cien de la
productora sevillana. ZZJ explicó
entonces a este periódico que el esposo de la consejera superó un
proceso de selección y que entonces nadie conocía su vinculación
familiar con Susana Díaz.
"Es
una pura anécdota. El proceso se realizó de forma totalmente limpia
y estamos muy contentos con su trabajo", aseguraron. La
productora destacó que tiene en plantilla a 250 trabajadores, por lo
que considera que la contratación del marido de la entonces mujer
fuerte del Gobierno andaluz no podía beneficiarle en nada en sus
relaciones con Canal Sur.
Otra
versión muy diferente ofrecen empleados
de la librería.
Se da la circunstancia de que más de 30 trabajadores de la cadena
Beta -la mayor parte de su plantilla-
han presentado reclamaciones
para cobrar sus salarios entre los juzgados de la Social, ya que les
deben cuatro nóminas.
Fuentes
del colectivo explican que Moriche tampoco las ha cobrado. Aunque
aseguran que "nadie se cree" que entró en la empresa tras
un proceso de selección,
el marido de la presidenta se ha ganado el aprecio de sus compañeros.
"Es
uno más, muy trabajador, para nada un privilegiado",
aseguran.
José
María Moriche trabaja reponiendo
existencias en una librería
de la cadena Beta, propiedad de la principal productora de Canal Sur.
En la web de Beta queda reflejado que cuenta con fondos de Desarrollo
Regional a través de la agencia IDEA, pertenece al grupo 'ZZJ', una
de las productoras de Canal Sur, la Radio Televisión Autonómica de
Andalucía.
Se
sabía que la empresa, propiedad de la familia Zafra
Benjumea,
cuyo jefe, José
María,
ha sido productor privado de referencia en Canal Sur durante años,
andaba regular de salud económica, algo que no es de extrañar dadas
sus sistemas de contratación de personal. Nadie
ha sabido explicar, como en el caso de UGT, por qué razón
profesional fue contratado Moriche en calidad de auxiliar
administrativo, según unos, y/o reponedor de libros, según otros.
La
empresa librera de Zafra solicitó concurso
de acreedores,
petición aceptada. Como consecuencia de la situación, el grupo
librero propuso la negociación de un expediente de regulación de
empleo en el que afectará
al menos 40
trabajadores,
en una empresa formada por unos 46 o 47 empleados, por lo que el
marido de Susana tenía todas las papeletas. De hecho, incluso se
publicó que se había presentado voluntario al ERE.
La
empresa Librerías Beta es una empresa antigua en Sevilla. Se fundó
en 1978 y fue comprada por Zafra Benjumea a sus propietarios Mari
Cruz López y José Velasco
en 2011 cuando sus librerías dejaron unos beneficios de 206.416
euros. A partir de ese momento, 2012, las pérdidas fueron de 660.511
euros. En
2013, de 943.430 euros-
En 2014, de 717.040 euros. En 2015, 504.721 euros y a 31 de agosto de
2016 (sólo 8 meses), de 858.917 euros según la información del
Registro Mercantil y de la empresa.
Inexplicado
aún por qué Zafra entró en el negocio de las librerías, al poco
tiempo de controlar la empresa contrató a José María Moriche
Ibáñez en 2013. Curiosamente, fue su práctica en ortopedias, no su
trabajo en UGT, la que le valió el contrato
con la productora
ZZJ,
dueña de las librerías del grupo.
Pues
su presencia en la empresa ha sido corta. Ahora, su propietario,
Zafra Benjumea, dice que los libros no son negocio, pero nada más
presentar el concurso de acreedores entabló negociaciones con Casa
del Libro, del grupo Planeta, para la venta de sus librerías. Zafra
dice que la causa de la quiebra es la crisis, pero el colectivo
mencionado le espeta: "Pregúntele al resto de librerías de
Sevilla por sus ventas desde que usted empezó a arruinar a Librerías
Beta. Pregúnteles a Librería San Pablo, a la FNAC, a la propia Casa
del Libro, a Librería Palas, a El Corte Inglés si ellas están en
crisis. Están encantados con lo mal que usted lo ha hecho".
Los
trabajadores acusan a Zafra y familia de convencer, presionar o "como
queramos llamar a sus trabajadores para que aceptaran irse antes de
final de noviembre a sus casas, sin cobrar, y sin darles de baja para
que otra empresa, La Casa del Libro entrará con todo el trabajo
sucio hecho."
3.-
LA
ECONOMÍA ANDALUZA DESDE QUE OCUPÓ
LA PRESIDENCIA SUSANA DÍAZ
La errática política económica de la Junta, otro motivo para el adelanto electoral, no se logra arrancar ningún compromiso del Gobierno central en contra de lo que sí consiguen otras comunidades como Cataluña.
Y
eso que 759 millones de euros de los que van a llegar a Cataluña
corresponden a déficit de inversión del Estado en esta comunidad
autónoma, una reivindicación que Andalucía lleva años reclamando
porque consta en su Estatuto, igual que en el de Cataluña. Porque
los catalanes lograron en 2007 que el Gobierno central firmase con
ellos un documento comprometiéndose a pagar ese déficit, el cual
han reclamado en los tribunales y ahora van a recibir. Andalucía
nunca ha recurrido ante la Justicia la falta de inversión del
Gobierno central y ahora se ve con las manos vacías.
La
comunidad autónoma tiene en vigor -hasta el 31 de diciembre- sus
presupuestos y el Gobierno socialista no ve factible negociar las
cuentas para 2019.
A
su vez, la disolución del Parlamento desactiva los trabajos de la
comisión de investigación sobre el uso de dinero público a través
de las tarjetas de la extinta Fundación Andaluza para la Formación
y el Empleo (Faffe) en clubes de alterne.
En
esta crónica del anunciado anticipo electoral, el Gobierno andaluz
pisó el acelerador y, sólo en septiembre, dio luz verde a
iniciativas como una oferta de empleo público para la Administración
de la Junta de 2.417 plazas, la contratación este año de 1.306
profesionales para reforzar los centros sanitarios de Atención
Primaria y la licitación de 12.000 plazas en residencias de mayores.
También
ha aprobado medidas como la incorporación de 17.400 personas al
sistema de atención a la dependencia con un gasto de más de 22
millones de euros.
Asimismo,
ha autorizado la concertación de operaciones de endeudamiento hasta
un importe de 734 millones de euros, de los que 600 se captarán
-por primera vez desde el inicio de la crisis- en los mercados
financieros.
La
riqueza de los andaluces nunca había representado menos de un 74%
del promedio de España salvo
en el 2007 y
2016,
con la gestión de Susana Díaz, la comunidad autónoma sigue por
debajo de los tres millones de personas trabajando, una cota que no
supera desde 2008.
674.500 ocupados, están las administraciones públicas, educación,
sanidad y servicios sociales.
El
paro seguirá siendo la mayor lacra. Durante la crisis que arrancó
en el tercer trimestre de 2007, se perdieron en la región casi
950.000 empleos. En 2014, con Susana Díaz al
frente de la presidencia de al Junta sólo se
recuperaron 23.964
Señalar
que respecto a Europa tampoco se ha conseguido grandes avance.
Incluso con la incorporación de países con un desarrollo económico
humilde como Rumanía y Bulgaria en 2007, y la República Checa,
Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,
Malta y Polonia en 2004 el
PIB per cápita se ha vuelto a distanciar a partir de 2010.
El
número de empresas total se ha reducido en un 10% en los últimos
cinco años. Finalmente el número de grandes empresas en Andalucía,
de las cuales solo existen 21, equivalen a un 0.06% del total.
Seis
años ha estado Andalucía en el grupo de regiones en transición,
aquellas cuya riqueza por habitante se sitúa en la banda templada de
los territorios europeos. Bruselas
ha confirmado que el PIB per cápita de la comunidad ha caído otra
vez por debajo del 75% de la media de la UE, por lo cual vuelve a
pasar al grupo de las regiones en desarrollo, las más pobres,
aquellas que antes se denominaban de Objetivo 1, las que más ayudas
reciben. Sí, habrá más fondos para la creación de empleo, para
las infraestructuras y para atender a los inmigrantes, pero la caída
también guarda una lectura demoledora: después
de haber recibido más de 100.000 millones de euros de fondos
europeos, Andalucía no ha logrado converger. Diverge.
Aunque
la presidenta andaluza ha resuelto con brevedad la crisis de gobierno
producido por la marcha a Madrid de su Consejera de Hacienda, María
Jesús Montero, unificando Hacienda con Economía y nombrando a una
feminista cercana a Podemos para la nueva Consejería de Universidad
y Conocimiento, desgajada de la cartera de Economía, el panorama que
le espera en lo que le queda de legislatura no permite albergar
optimismo político.
Además
de la presión del caso de los ERE –que cuando menos está
dejando la impresión del descontrol y la arbitrariedad absolutas
sobre 850 millones de euros a lo largo de años–, y de la calle
–Spiriman la ataca de nuevo con su crítica de la sanidad andaluza
Juan
Marín,
líder de Ciudadanos se refirió al amiguismo y partidismo de la
Junta de Andalucía señalando la existencia de 2.333 puestos de
libre designación a los que los funcionarios de carrera no pueden
acceder.
De paso, aprovechó para exigir a la nueva ministra de Hacienda la
negociación inmediata del acuerdo de financiación autonómica.
Podemos
acusó a Susana Díaz de asfixiar la política de dependencia en la
Junta con
una situación laboral caótica
Antonio
Maíllo, coordinador general de IU dice:
“El
contacto con esos conflictos a través de encuentros, de escucha y de
diálogo, te permite detectar una Andalucía que responde al
modelo de economía extractiva, profundamente dependiente de la
Administración Pública y con una desarticulación social que se
traduce en un paro estructural que no cambia de tendencia, en una
profunda brecha de desigualdad de género y en la instalación de la
precariedad en la vida de la gente, todo esto frente a un discurso
oficial triunfalista que no se compadece con la realidad. Esa
Andalucía que dicen que sale de la crisis pero que choca con las
contradicciones sociales: el desguace del empleo,
la incorporación de generaciones al mundo del trabajo que asumen con
preocupante normalidad la temporalidad y la precariedad, la profunda
brecha de género, que sitúa al 60% de las mujeres de menos de 30
años en situación de desempleo y la pobreza derivada de un paro y
de unas ayudas que no llegan a sectores populares, que han pasado de
la pobreza a la exclusión social durante la crisis”.
El
espacio simbólico del PSOE aquí es más limitado. Cuidado, es más
poderoso en términos de clientelismo institucional pero es más
débil en términos de cambio. Susana
Díaz no
representa el bloque de cambio, ni en política real ni en política
simbólica, sino que representa
la experiencia fallida dentro del PSOE.
Conocemos la fortaleza institucional que tiene el PSOE andaluz, pero
también su debilidad, de dirigentes que no tienen proyecto político
Los
errores
Susana
Díaz:
Acuñados
por el periodista Carlos Mármol, son
'peronismo rociero' se conoce al
'populismo' dicharachero con el que la presidenta de la Junta cree
ganarse la cercanía de sus votantes. Aunque en determinados entornos
esa 'campechanía' le ha funcionado, el exceso de clichés y esa
visión patrimonialista de las instituciones que le lleva a hablar de
los colegios o los hospitales como si fueran de su propiedad provoca
un rechazo creciente, dentro y, sobre todo, fuera de Andalucía.
Más
allá
del vacío de contenido del lema, el
mantra '100% PSOE' se ha interpretado como la asunción del pasado
del partido con todas sus consecuencias, sin el más mínimo sentido
crítico
contra una historia que ha estado trufada de aciertos pero también
de muchos capítulos bochornosos. Con dos ex presidentes de la Junta
en el banquillo de los acusados por corrupción, suscribir sin
matices toda la trayectoria del PSOE conlleva muchos riesgos.
La
exhibición de aparato ha sido tan apabullante que han
sido más los avales que los votos recogidos (con una diferencia de
1.500), lo cual demuestra que el clientelismo y el miedo a las
represalias desde el poder orgánico e institucional siguen
funcionando.
La
fórmulas del PSOE para superar la crisis en Andalucía no convencen
a ningún analista mínimamente informado. De hecho, los
índices de la desigualdad han crecido en Andalucía en mayor medida
que en otras comunidades autónomas y, en contra del cambio de modelo
predicado, la creación de empleo sigue dependiendo del tirón del
turismo y la recuperación de la construcción, con empleos de baja
calidad y un paro estructural asfixiante.
Según
Juan
Manuel
Moreno
Bonilla
“en
este tiempo, y las estadísticas oficiales me avalan, ha demostrado
ser una mala gestora al frente del Gobierno andaluz. Andalucía
se está quedando atrás en la recuperación económica y en la
bajada del paro, y los andaluces seguimos siendo los españoles que
más impuestos pagan, pese a que la inversión en la Sanidad y la
Educación es la menor de España por habitante. Díaz suele decir
una cosa y hacer la contraria. Su discurso se basa en la forma, y no
en el fondo; en la puesta en escena, pero no en el argumento. Es una
política efectista, pero sin contenido, y sus hechos pocas veces
acompañan a sus palabras. En absoluto es dialogante y mucho menos
implacable contra la corrupción.
Así lo hemos
podido comprobar con su gestión del caso de los cursos de formación
o con el último escándalo de corrupción que se investiga en
Andalucía: la
adjudicación -"carente del más mínimo rigor", según el
auto de la juez sobre
la explotación de las minas de Aznalcóllar.
Esta vez no ha podido encontrar ningún culpable, más que ella, del
turbio proceso que abanderó durante la campaña electoral. Imponer
un calendario, un método y un estilo que no favorece el acuerdo.
Díaz está
demasiado acostumbrada al ordeno y mando.
Impuso un
presidente del Parlamento socialista con una larga trayectoria de
ataques inaceptables al PP. Forzó la constitución de una Mesa en la
que el PSOE está sobrerrepresentado en detrimento del PP. Y no ha
consultado las votaciones. Su obstinación en celebrar las elecciones
separadas del 24-M, además de costar 12 millones de euros a los
andaluces, impide acuerdos y pactos con otros partidos.
Que ignore esa realidad la aleja de ser fiable. Ella anunció que
sería presidenta "muy pronto". Pero no lo es porque no
cumplió los acuerdos con el resto de grupos y porque ha jugado a
varias bandas sin concretar con ninguna. Eso ha provocado su
aislamiento y debilitado la solemnidad de la investidura.
No
dirigir personalmente las negociaciones.
Susana Díaz no ha trabajado complicidades ni acuerdos.
Parece que quiere una aclamación incondicional. Ni responde, ni
llama ni tiene la iniciativa de las negociaciones. Y
se niega a aceptar ni una sola propuesta del resto de fuerzas
políticas. Por si fuera poco, el desprecio continuo al Partido
Popular andaluz no es propio de una cultura democrática madura y
moderna.
Como esos ataques, en menor medida, los ha extendido al resto de
partidos, no es de extrañar su soledad.
Susana Díaz es la heredera política del mayor caso de corrupción de España y mantiene sumida a Andalucía en un atraso inexplicable.
El
saqueo de los ERES simboliza una forma de entender Andalucía que la
ha sumido en un retraso inexplicable por su potencial
El
presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho este domingo que, si en
Andalucía se sigue votando "el mismo fracaso, el paro, deuda y
pobreza", es "probablemente por una red
clientelar
que asfixia y una corrupción sistémica que, igual que en Cataluña,
permitió movilizar a una Administración a favor de un partido".
Andalucía
es "la única región europea, junto a Baviera, que no ha tenido
alternancia", pero "en
Baviera no les ha ido mal, porque es la primera región europea".en
Andalucía miembros del ejecutivo "han
gastado el dinero público en prostitutas,
cocaína y mariscadas".
El
dirigente 'popular' ha resaltado que "quien humilla a los
andaluces es quien los lleva a la cola del paro, a las listas de
espera de los hospitales o a barracones en colegios que son como
saunas", por lo que "quien mancilla a los andaluces es
Susana Díaz y el PSOE".
Casado
cree que "no es justo" que los jóvenes andaluces de
menos de 40 años "no hayan visto en la Junta otro color
político que el PSOE" y ha calificado como "un drama"
que "no haya habido alternancia ni saneamiento democrático por
la red clientelar y la corrupción, que es lo que el PSOE está
haciendo en esta tierra".
Susana
Díaz tuvo que pagar un peaje por esta incursión mediática. La
presidenta respondió a la
polémica de la Faffe,
sin nombrarla y refiriéndose a ella como «el caso». «Es de hace
diez años y durante mis cinco años en la Presidencia, nadie ha
podido encontrar nada de lo que avergonzarse».
PP-A
asegura que 40 años de socialismo es "demasiado" y que
Susana Díaz está dispuesta a pactar "con quien sea"
Loles López secretaria general del PP-A y cabeza de lista al Parlamento por la provincia de Huelva,se ha referido durante su intervención a la gestión educativa en Andalucía y ha criticado que la comunidad abra portadas en los periódicos por los 35 grados de temperatura en las aulas, por solo tener el 50 por ciento de los centros bilingües o porque sean los padres quienes tengan que comprar papel higiénico en algunos centros. Tras apuntar que los niños andaluces son "de diez", ha dicho comprender a los compañeros de otras comunidades que destacan que Andalucía esté a la cabeza en abandono escolar o que no ejecute sus fondos en infraestructuras, "hasta 150 millones en los dos últimos años por el acuerdo entre PSOE y Cs"..
López, que ha advertido de que la educación es el "pasaporte al futuro", ha lamentado que Andalucía sea la segunda comunidad que menos invierte en educación, que se ataque a la educación concertada y que haya un déficit de 5.000 docentes hasta llegar a la media nacional.
En el ámbito interno, se funda en el ya famoso "el que se mueve no sale en la foto". En el externo, la penetración partidista de las instituciones, su ineficacia para el progreso de la región y una inmensa corrupción son sus más evidentes características.
Loles López secretaria general del PP-A y cabeza de lista al Parlamento por la provincia de Huelva,se ha referido durante su intervención a la gestión educativa en Andalucía y ha criticado que la comunidad abra portadas en los periódicos por los 35 grados de temperatura en las aulas, por solo tener el 50 por ciento de los centros bilingües o porque sean los padres quienes tengan que comprar papel higiénico en algunos centros. Tras apuntar que los niños andaluces son "de diez", ha dicho comprender a los compañeros de otras comunidades que destacan que Andalucía esté a la cabeza en abandono escolar o que no ejecute sus fondos en infraestructuras, "hasta 150 millones en los dos últimos años por el acuerdo entre PSOE y Cs"..
López, que ha advertido de que la educación es el "pasaporte al futuro", ha lamentado que Andalucía sea la segunda comunidad que menos invierte en educación, que se ataque a la educación concertada y que haya un déficit de 5.000 docentes hasta llegar a la media nacional.
En el ámbito interno, se funda en el ya famoso "el que se mueve no sale en la foto". En el externo, la penetración partidista de las instituciones, su ineficacia para el progreso de la región y una inmensa corrupción son sus más evidentes características.
4.-
CUARENTA AÑOS DE SOCIALISMO ANDALUZ
Corre
el año 1978. En el salón de actos de la Diputación de Cádiz se
constituye el 27 de mayo la Junta de Andalucía. Por 18 votos contra
13, sale elegido como presidente el socialista Plácido Fernández
Viagas. Y desde entonces el socialismo nunca ha sido descabalgado de
la Junta. 40 años dan para mucho. Pero no para conseguir que la
economía andaluza despegue como debería.
El
PSOE-A jamás ha pasado por la oposición y la única vez que ha
perdido las elecciones pudo seguir gobernando gracias a un acuerdo de
coalición con sus vecinos de izquierda aniversario que, con toda
seguridad, no tendrá parangón en ninguna otra democracia
El
caso de Manuel Chaves, por ejemplo, es especialmente llamativo
porque fue designado candidato a su pesar; estaba de ministro y
cuando le ofrecieron ‘bajar’ a Andalucía se negó, no quería,
pero tuvo que aceptar el sacrificio y, con la etiqueta de ‘el
candidato a palos’ que le puso la oposición, ha sido el
presidente de gobierno más longevo de Andalucía, y quizá también
de Europa
¿Y
cuál es la fórmula?
El
primer congreso del PSOE de Andalucía, celebrado en diciembre de
1977, tenía como lema ‘Levantar Andalucía’ y lo más llamativo
de todo es que, cuatro décadas después, los socialistas podrían
presentarse a las elecciones con el mismo eslogan porque Andalucía,
es
la comunidad con más desempleo, con cifras terroríficas cuando se
refieren al paro juvenil, con menos renta per cápita, con más
fracaso escolar y peor calidad educativa, con más personas en riesgo
de exclusión social, hasta un 41,7% de la población…
De
forma general, lo que acaba de constatar con desolación la comisaria
europea de Política Regional, Corina Cretu, en el VII Informe de
Cohesión es que después de una enorme lluvia de millones, 45.750
millones de euros de la UE entre 1986 y 2016, durante la crisis
económica se han vuelto a agrandar las diferencias de Andalucía con
la media europea en todos los parámetros. La
lluvia de millones ha
transformado Andalucía, pero
no
ha conseguido la convergencia,
que era el único objetivo.
Para
colmo, ahora, por los numerosos escándalos de corrupción, desde los
ERE hasta los fondos de formación, la Unión Europea también coloca
a Andalucía en el último
lugar en el listado de calidad democrática.
40
años han pasado y quizá la estampa que lo resume todo es la del
banquillo de los acusados de los ERE, en la que se sientan dos
expresidentes de la Junta de Andalucía, Chaves y Griñán, y decenas
de altos cargos que estaban a sus órdenes en la organización de esa
enorme red de clientelismo.
Según
el Índice
Físico de Calidad de Vida,
que combina el tradicional índice de
Desarrollo Humano (PIB per cápita en moneda constante y ajustado a la paridad del poder adquisitivo, esperanza de vida al nacer y nivel cultural) y la distribución de la renta per cápita, queda demostrado que Andalucía, que estaba a la cola del desarrollo de las regiones de España en 1900, seguía estándolo en el año 2000, cuando el PSOE andaluz llevaba ya 18 años en el gobierno, 14 de los cuales estuvo acompañado por un gobierno del PSOE a nivel nacional.
Desarrollo Humano (PIB per cápita en moneda constante y ajustado a la paridad del poder adquisitivo, esperanza de vida al nacer y nivel cultural) y la distribución de la renta per cápita, queda demostrado que Andalucía, que estaba a la cola del desarrollo de las regiones de España en 1900, seguía estándolo en el año 2000, cuando el PSOE andaluz llevaba ya 18 años en el gobierno, 14 de los cuales estuvo acompañado por un gobierno del PSOE a nivel nacional.
De
hecho, la renta media por persona en Andalucía es en el 2015 de
7.942 €, 1.065 € menos que hace siete años. El informe del
Observatorio de la Desigualdad de Andalucía ha aportado que el PIB
per cápita andaluz apenas suponía en 2015 un 74.1% del español, en
comparación con el nivel de 77.3% que alcanzaba en 2007.
En
un reciente trabajo de El Demócrata Liberal, que sigue la senda
iniciada en el libro La
Tela de araña andaluza: el poder de un régimen,
se recogen los últimos datos sobre la situación andaluza: Durante
las tres décadas largas de socialismo en Andalucía, el
paro ha sido uno de los más altos de Europa y
la diferencia de su tasa con el resto de España se ha mantenido en
torno a los diez puntos porcentuales, lo que indica un problema de
fondo sin resolver durante un tercio de siglo. A finales de 2016, la
tasa media del paro andaluz era superior al 28 por ciento con
provincias que superaban el porcentaje del 33 por ciento, como Cádiz.
Y de sus parados, la mitad no tiene prestación alguna, ni por
desempleo ni por ayuda social.
De
poco más de 3 millones de personas que cobran en
el 2016
un salario en Andalucía, la mitad no alcanza el salario mínimo
interprofesional de 648 euros mensuales y casi
el 60 por ciento de la población asalariada de Andalucía no llega a
mileurista.
Según
los datos de la Estadística del Gasto
Sanitario Público del Ministerio de Sanidad,
la
Junta de Andalucía es la segunda comunidad autónoma que más ha
reducido en sanidad estos últimos años: mil millones de euros desde
2009 a 2016, presentados, cómo no, como consecuencias de lo exigido
por el gobierno central. Por
dar algún dato más sobre la joya de la corona socialista que es la
sanidad, digamos que Andalucía
sufre la peor ratio de camas por habitante de todo el Sistema
Nacional de Salud, con 1,7 por cada 1.000 usuarios, alejada de la
media nacional de 2,3 camas por 1.000 habitantes.
En
diciembre de 2016, fecha del último informe PISA, Andalucía se
alejaba aun más de la tendencia nacional y empeoraba en los
resultados de Ciencia y Matemáticas. De hecho, cae al último lugar
de las 17 autonomías en Ciencia y al penúltimo en comprensión
lectora y Matemáticas.
En
salarios
y pensiones,
la situación andaluza es penosa. Según la última publicación de
la estadística Mercado de Trabajo y Pensiones de la Agencia
Tributaria, mientras
el salario medio español es de 18.645 euros anuales, Andalucía
alcanza apenas los 14.629 euros, 4.016 menos que la media nacional y
ni una sola provincia andaluza alcanza la media nacional del salario
medio mencionado.
Natural
y consecuentemente, Andalucía está a la cola de la cuantía de las
pensiones. En las pensiones declaradas en la renta de 2015, la
pensión media nacional fue de 13.888
euros, pero en Andalucía la media se situó en 12.074 euros,
1.814 euros menos al año, manteniendo
una diferencia de 4.000 euros al año con las comunidades de Asturias
y Madrid.
Aunque
algunas estadísticas elaboradas sobre la pobreza resulten
discutibles, las que existen con mayor fiabilidad muestran que
Andalucía está a la cabeza del número de personas en riesgo de
pobreza –la mitad de sus trabajadores lo está apostilla CCOO–,
que nueve de las diez ciudades más pobres de España son andaluzas o
que los barrios más pobres están situados en Andalucía. Y así
sucesivamente en casi todos los indicadores de riqueza y bienestar
que examinemos.
Razones
por las que Moreno pregunta: ¿está de acuerdo con seguir con 44
años de socialismo en Andalucía, con un millón de parados,
70.000 personas en lista de espera de dependencia, 62.000 en espera
de atención quirúrgica, sí o no? ha indicado que le "duele
que la presidenta de todos los andaluces calle cuando un presidente
de gobierno de su mismo partido negocia y hace concesiones a los
independentistas, busca fórmulas que no tienen cabida en la
Constitución y les da oxígeno".
"Y
ante eso, la presidenta de los andaluces debería alzar la voz
defendiendo la igualdad. Pero como Sánchez es de su mismo partido,
calla de manera vergonzosa"
El
Consejo General de Economistas presentó el
pasado enero de 2018 su Índice
de Competitividad Regional.
Este informe mide el entorno para hacer negocios de las diecisiete
comunidades autónomas, a partir de decenas de indicadores agrupados
en seis ejes de trabajo: entorno económico, mercado de trabajo,
capital humano, instituciones, infraestructuras, eficiencia
empresarial e innovación. Las
dos comunidades autónomas que han estado más años gobernadas por
el PSOE , andalucia y extremadura
se sitúan a la cola del Índice
de Competitividad.
Según
LORENZO
B. DE QUIRÓS: el socialismo sureño ha edificado un régimen que
ofrece una mezcla de pasado y de fracaso. Sus
rasgos definitorios no tienen paragón con los existentes en región
alguna de la OCDE, salvo quizá, el
Mezzogiorno italiano. Andalucía mantiene un diferencial de PIB per
cápita respecto a la media española prácticamente igual al que
existía en 1980. Desde el punto de vista de la teoría económica,
ello supone una extraordinaria anomalía. En un mercado único, como
lo es España, las regiones más pobres tienen un potencial de
crecimiento mayor que las ricas
por lo que, ceteris
partibus,
tenderían a converger con éstas en términos de renta per cápita.
Tres
décadas y media es un espacio temporal suficiente para que la
convergencia real de Andalucía con el resto del Estado se hubiese
producido y/o avanzado. Por lo que se refiere al desempleo, su
diferencial respecto al promedio nacional ha aumentado con el tiempo.
Durante
el quinquenio anterior a la implantación del antiguo Plan de Empleo
Rural, Andalucía tenía, en datos trimestrales y como media, una
tasa de paro 6,07 puntos por encima de la española.
Este fue uno de los motivos esgrimidos para introducir el PER en
1984. 40
años después, si se realiza la misma operación con los mismos
datos, tomando como muestra los cinco últimos años, dicho
diferencial es 9,34 puntos superior al promedio español.
Esa brecha se ha mantenido en esos valores tanto en las fases altas
del ciclo como en las bajas. Eso sí, el
mecanismo de subsidios a los desempleados ha logrado acabar con la
movilidad geográfica de los parados. La última Estadística de
Movilidad Laboral y Geográfica publicada por el INE arroja un dato:
sólo un 2,7% de los desempleados andaluces ha cambiado de municipio
en el último año, el porcentaje más bajo de toda España.
Los
asalariados en el sector público son 524.400 frente a 1.653.500 en
el privado, es decir, uno de cada tres andaluces trabaja para las
administraciones. Con ser grave, eso no es lo peor. El número de
individuos que obtienen sus ingresos del sector público, léase
funcionarios y contratados, parados, pensionistas, dependientes,
receptores del subsidio agrario, etcétera es de 2.807.654 personas,
mientras la población ocupada en Andalucía a 1 de febrero de 2015
era de 2.681.000 individuos; esto es, hay más de un subsidiado por
ocupado, en concreto 1,05.
Cuando
el
marco político-institucional desincentiva el crecimiento, una
economía atrasada, la andaluza, no es capaz de aprovechar sus
ventajas competitivas porque: los incentivos de los empresarios a
emprender actividades productivas, innovar e incorporar tecnología
se desvanecen; el atractivo de los inversores para ubicar su capital
en zonas poco desarrolladas pero con una potencial tasa de retorno
superior a la proporcionada por las economías maduras desaparece, y
los estímulos de los trabajadores para incrementar su capital
humano, buscar empleo y prosperar se esfuman. Esa es la realidad de
Andalucía y la causa determinante de su atraso.
La
financiación de un desmesurado aparato público tiene un impacto
brutal sobre el esfuerzo fiscal realizado por los andaluces. Por ese
concepto se entiende el cociente entre el porcentaje que suponen los
ingresos públicos respecto al PIB y la renta per cápita de cada
territorio. Andalucía, la autonomía junto a Extremadura con el
menor PIB per cápita de las 17 que integran el Estado es la que
realiza el mayor esfuerzo fiscal; es decir, la carga tributaria
relativa soportada por sus ciudadanos es la más alta de España.
Tanto en los impuestos cedidos -Sucesiones, Trasmisiones,
Patrimonio...- como en los que tienen tramo autonómico -IRPF...- el
gravámen soportado por los andaluces es superior al de las demás
Esta
voracidad fiscal
no
sólo penaliza el crecimiento económico sino que junto al asfixiante
intervencionismo de su Gobierno ayuda a explicar, entre otras cosas,
porqué esa región tiene una economía sumergida equivalente al 29%
de su PIB.
En
el 2015 después de 33 años de gobiernos socialistas, la región más
poblada de España sigue en el furgón de cola de las grandes
estadísticas.
Andalucía
arrastra, desde antes de que se reconociera como autonomía hace más
de tres décadas, un grave problema estructural, que la relega al
furgón de cola de España en las principales estadísticas
económicas. Un problema al que se suma ahora la percepción de una
corrupción sistémica, tras casos sonados como el de los ERE
fraudulentos o los cursos de formación.
La
comunidad más poblada y la segunda más extensa del país cuenta con
el tercer mayor PIB (146.701 millones de euros en 2014), sin embargo
la ratio per cápita sigue en el penúltimo lugar de todas las
regiones, sólo por delante de Extremadura, con 16.843 euros, es
decir un 25,2% inferior a la media española.
Peor
es la marca del paro, pues con una tasa del 34,2% (23,7% en España)
es la más alta. La cruda realidad es que actualmente casi 1,4
millones de personas no tienen trabajo en la comunidad según la EPA.
Es decir, uno de cada cuatro españoles en situación de desempleo es
andaluz.
-
¿POR QUE EL PSOE GANA SIEMPRE LAS ELECCIONES EN ANDALUCÍA?
Hace
ahora dos años, en noviembre de 2011, el PSOE se enfrentaba en
Andalucía a unas elecciones autonómicas cuyo resultado se
presentaba más que incierto. Ante ello, la Junta optaba por
convertir en empleados públicos a casi 30.000 trabajadores de la
administración paralela autonómica por medio de la Ley 1/2011, una
auténtica antología del enchufismo, Romero Robledo corregido y
aumentado ciento cincuenta años después.
Lo
anterior era considerar a la administración como el botín de los
partidos políticos; es decir, la canibalización del Estado,
destruyendo
el espíritu de una administración central y neutral para
convertirla en un comedero al servicio de lo que eufemísticamente se
denominan cargos de confianza: léase, el caciquismo. La gran mayoría
de esos 30.000 empleados en dependencias de la Junta -fundaciones,
empresas públicas y entes similares- guardan una estrecha
vinculación familiar o afectiva con miembros del PSOE, UGT y CCOO.
Semejante cacicada institucional fue recurrida, y hay ya 2
sentencias del Tribunal Supremo y 3 del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía que avalan la ilicitud de muchos de esos puestos
“digitales”. Sin embargo, la Junta viene recurriendo a
subterfugios para incumplir las sentencias. Ayer mismo se conocía
que la Junta destinará casi 5 millones de euros a los sindicatos en
partidas que anteriormente se han destinado a fiestas y comilonas sin
que, salvo la juez Alaya, nadie haya dicho nada al respecto. También
se da la callada por respuesta en el caso de los miles de enchufados
de la Junta que siguen cobrando un sueldo con dinero público difícil
de justificar. ¿Hasta cuándo durará todo este despropósito?
Mientras
que España arrojaba un desequilibrio con el exterior del 10% del
PIB, Andalucía acumulaba un déficit por cuenta corriente del 17%,
una cifra récord en el mundo
“El
problema de la economía andaluza estriba en la baja cualificación
de su mano de obra. Después
de conseguir recortar mucho la tasa de analfabetismo en los años 80,
el gap
de formación con el resto de España sigue ahí. Y eso
se traduce en trabajos y servicios de poco valor añadido y escaso
capital tecnológico. En Andalucía se lleva 20 años hablando de
cambiar el modelo, pero no se ha hecho nada por elevar el nivel
educativo”,
comenta José
Ignacio García Pérez,
profesor de la Universidad Pablo Olavide y miembro de Fedea. Y ahí
radica la descomunal dejadez del Gobierno socialista durante los
últimos 37 años.
Por mucho que el grado de formación de los padres sea determinante,
ha
fallado el sistema educativo.
Como
consecuencia, el abandono escolar ocurre en Andalucía dos años
antes que en el resto de España.
Los jóvenes dejan los estudios para ocuparse en la construcción, el
turismo o el campo. Tan dependiente de esos sectores, el empleo se
torna muy estacional, fácilmente sumergible en la economía B y
altamente sensible a las épocas de vacas flacas. Lo cual convierte
en normal que un andaluz trabaje por temporadas, alternando periodos
de empleo con otros enganchados a las prestaciones de paro. Pero ni
por ésas
cambian de municipio para buscar un puesto de trabajo. Sólo un 3 por
ciento
de los desempleados lo hace, la tasa más baja de España tal y como
se recoge en los datos del INE.
En
una suerte de círculo vicioso, la baja formación supone una rémora
para la competitividad y para el impulso de otros sectores más
intensivos en conocimiento. La
industria y los servicios profesionales andaluces arrastran unas
cotas de productividad y de inversión llamativamente más bajos,
como ya indicaba un informe de La Caixa fechado en 2007.
Para
colmo, en un ambiente de impuestos asfixiantemente elevados, el poco
negocio que existe de una gama más alta muchas veces sobrevive
dopado por una
política de subsidios
que pretende elegir campeones regionales con
escaso éxito. Valga un dato: el sector industrial únicamente copa
el
12 por ciento del PIB andaluz
frente al 17 por ciento del PIB que acapara a escala nacional. En
semejantes circunstancias, aun contando con nueve millones de
habitantes, no es de extrañar que en 2014 la inversión extranjera
productiva neta apenas haya rozado los 267 millones de euros, de
acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Economía.
Pese
al potencial turístico de la zona, las
exportaciones andaluzas tan sólo suman el 20 por ciento del PIB
regional, 13 percentiles por debajo del nivel alcanzado por España
después
de una brutal devaluación salarial.
la receta sólo puede consistir en fomentar desde la base la cultura
del emprendimiento y mejorar drásticamente la formación al objeto
de que los andaluces sean capaces de producir bienes y servicios de
mayor calidad añadida. Eso sí, con más facilidades y mejores
incentivos.
Si con 60.000 euros un ciudadano es rico y paga impuestos como tal,
el incentivo a largarse y generar crecimiento en otra parte se antoja
enorme.
Los
catalanes poseen un PIB per cápita 10.000 euros mayor que los
andaluces, que ocupan la penúltima plaza de este ránking la Junta
gasta lo mismo en sanidad y educación que las demás, pero en cambio
desembolsa bastante menos a la hora de sufragar otras políticas como
por ejemplo la protección social. En
cuanto al empleo público, éste se sitúa en el 19 por ciento de los
ocupados,
tres puntos más que la media y, por lo tanto, con una mayor
proporción de empleados públicos respecto a los privados. momento
en que sus dirigentes se concentren en explotar las enormes
potencialidades que presenta Andalucía más allá de sus problemas
de falta de ambición y mentalidad
El
modo socialista de gobernar en Andalucía, caracterizado por mayorías
muy amplias, no conllevó la profundización de la democracia, como
presume el socialismo, sino la erección de un "régimen"
caracterizado por el enchufismo generalizado, la aparición de una
"administración paralela" y el usufructo del poder de las
instituciones sin alternancia en el poder hasta el momento. Ello ha
conducido a Andalucía a ser el escenario propicio donde se han dado
los más graves y
extensos casos de corrupción de España,
si bien la estructura mediática del poder sobre la información,
destaca mucho más otros asuntos mucho menores en cuantía y
repercusión social.
Sanchez
Fornet Policia, Ex Secretario General del SUP y Miembro del
Observatorio Derechos Humanos y Libertades Públicas analiza la
situación de la sociedad andaluza de esta guisa: “Una derecha
con máscara de socialismo, de nacionalismo andaluz y hasta con
reminiscencias franquistas por conservadurismo, sociedad cómoda de
paguita y pensión para malvivir sin más aspiraciones. Una sociedad
sin industria, que ha recibido más de 100.000 millones de euros de
ayuda europea que se han perdido por los meandros de la corrupción,
invirtiendo en polideportivos o centros públicos hoy cerrados porque
son imposibles de mantener. La comunidad autónoma con mayor tasa de
pobreza de España y una de las más pobres de Europa con gobierno
monocolor desde hace 36 años. Con fama de pedigüeños, vagos, con
una red clientelar instalada en organismos públicos y privados para
comprar votos y que por su territorio y millones de habitantes es muy
importante en el contexto de la nación. Clichés y tópicos que en
cuarenta años no nos hemos sacudido. Mientras nos hundimos en la
lista de regiones de España y Europa donde mejora el nivel de vida
de sus ciudadanos el gobierno de los últimos 36 años nos dice que
Andalucía es imparable. Seguro, camino de la miseria y la pobreza.No
ha cambiado ni una coma para modernizar la administración ni para
acabar con las prácticas de la Casta privilegiada, cuyos sueldos y
mamandurrias son cualquier cosa menos socialistas”.
“El
retraso de Andalucía es el producto de un sistema que fomenta la
acción de los buscadores de rentas en lugar de estimular la creación
de riqueza. El omnipresente intervencionismo de la Junta de Andalucía
unido a la construcción de una gigantesca maquinaria de
transferencias destruye los incentivos al desarrollo. Es más
rentable buscar la asistencia de los poderes públicos para obtener
beneficios, prebendas y rentas que asumir los riesgos e inseguridades
pero también las oportunidades ofrecidas por una economía de
mercado. Esta política conduce de manera inevitable a encerrar a
Andalucía en un círculo vicioso de subdesarrollo relativo que
exigirá una creciente aportación de fondos de otras partes del
territorio nacional y una elevada presión fiscal”.
5.-
RECURSOS RECIBIDOS
Aun
así, Andalucía ha recibido más recursos que nunca en toda su
historia desde 1982. Se ha calculado que entre ese año y el 2017,
sus presupuestos han sumado 750.000 millones de euros, a los que hay
que sumar los casi 100.000 procedentes de la solidaridad europea y
los no calculados derivados de la solidaridad nacional. Son
cifras extraordinarias.
Eso
sí, Andalucía está a
la cabeza de la presión fiscal en España.
Sólo tiene por delante a las Comunidades de Asturias, Cantabria y
Extremadura. Su
tasa de presión fiscal, de más del 34 por ciento, es dos puntos
mayor que la media nacional, y por encima de comunidades más ricas
como Cataluña, País Vasco y Madrid. Su esfuerzo fiscal por
habitante, que es un 34 por ciento superior a la media nacional y más
del 70 por ciento mayor que el de un madrileño o un vasco,
sólo es superado en Extremadura.
6.-
MAL GOBIERNO DE LA CORRUPCIÓN
La
corrupción socialista en Andalucía afloró con la "madre de
todos los casos" como se ha llamado al caso
Juan Guerra,
a principios de los años 90, si bien ya había habido otros como el
caso Presidente, el caso Costa Doñana, el del chalé del ex
presidente Rafael Escuredo, el caso Algeciras, primer caso de
financiación ilegal del PSOE, y otros, como la creación y puesta en
funcionamiento de Canal Sur Radio y Televisión con sus despilafarros
delirantes, su enchufismo general y su favorecimiento de empresas
amigas.
Tras
el caso Juan Guerra, que forzó la dimisión de su "hermano"
Alfonso, saltó el caso
Tragaperras,
derivado de aquel. Luego sucedió, en 1992, el caso Ollero, que
afectó a consejeros y altos cargos de la Junta. Siguió el caso
Chaves-Caja de Ahorros de Jerez, con un préstamo desaparecido a 32
dirigentes socialistas que nunca se pagó. También estuvo el caso de
los intereses de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía que
aparecían abonados en las cuentas del PSOE. En 1992, la Expo de
Sevilla dio pie a numerosos casos con Jacinto Pellón de estandarte.
Tras
el caso de los viajes gratis total, que afectaron a Manuel Chaves,
Mariano Rubio y otros, llegó el caso Salinas-Montaner, ambos ex
consejeros de la Junta que recibieron de Jesús Gil 200 millones de
pesetas a cambio de hacer la vista gorda en el urbanismo marbellí.
Estalló después el caso Faros, que mostraba cómo incluso ministros
socialistas veraneaban en estos lugares públicos. Luego vino el caso
del pilotaje ilegal de buques por parte del delegado del gobierno
socialista en Ceuta y el caso Oliva, que mostró como el abogado de
Juan Guerra quiso comprar al juez del caso, Ángel Márquez con un
puesto en el Consejo del Poder Judicial.
Luego
ha habido muchos más, el espionaje
de los presidentes de las Cajas de Ahorros de Sevilla entre ellos,
que implicó al propio Manuel Chaves, la
concesión de una ayuda millonaria a Minas de Aguas Teñidas, donde
trabajaba la hija del propio Chaves,
hasta llegar a los macrocasos en la época de la juez Alaya, pasando
por el caso Malaya, con importantes socialistas implicados además de
la cúpula del GIL, el caso Astapa en Estepona o la Operación
Poniente en El Ejido, entre otros.
Por
fin llegamos a los macrocasos
que ocupan la última fase de la historia del socialismo andaluz. Su
envergadura hace palidecer hasta el punto de que alguno de ellos, el
caso
ERE, con dos ex presidentes socialistas de Andalucía y 20 altos
cargos de la Junta procesados, está considerado como el segundo
mayor caso de corrupción de la historia de España. Pero no puede
olvidarse el inmenso caso del fraude en formación, el de las
subvenciones de la UGT andaluza ligada al PSOE, el caso de los avales
públicos a empresas amigas y el caso Invercaria.
Este
panorama sangrante es el que hace inexplicable la actitud de Pedro
Sánchez cuando sólo se refiere a la corrupción del PP, que la hay,
pero ni tan extensa ni tan intensa como la socialista, sólo en
Andalucía, y sin recordar Filesa, el caso Banco de España, el caso
AVE, el caso de Luis Roldán y otros de nivel nacional.
El
problema principal de Susana Díaz no es Pedro Sánchez. Su
problema fundamental es convencer a los miles de afiliados y
militantes socialistas de que lo que ha logrado mantenerse, cada
día más a la baja, en Andalucía durante cerca de 40 años,
enchufismo y ocupación del espacio institucional y civil
incluídos, es un modelo de futuro para un socialismo del
siglo XXI, democrático y europeo.
Romero
candidato
de Cs por la provincia de Cádiz ha
hecho alusión al incremento
en 1.300 millones de euros que ha tenido la sanidad andaluza gracias
a las exigencias de Ciudadanos desde que llegaron al parlamento en el
año 2015, “pero
que no se han sabido aprovechar por la absoluta ineficacia en la
gestión del PSOE”. “Porque 1.300 millones de euros dan para
construir muchos centros de salud en Andalucía, para construir
hospitales y contratar especialistas, pero en las manos socialistas
el dinero de despilfarra sin sentido”,
ha afirmado.
Ferraro
apunta a problemas institucionales, la
calidad del Gobierno andaluz está entre los más bajos de España y
sólo supera a los italianos y griegos,
buena parte de las
ayudas también han servido para recrecer un sector público que, en
determinadas políticas, se ha mostrado ineficiente, por no decir que
absolutamente estéril. Piénsese en las políticas activas de empleo
y en todos los casos de corrupción en las que ha derivado -como el
de los ERE y los cursos de formación-, sólo servían para repuntes
coyunturales de la oferta pública de empleo. Cuando se agotaban las
ayudas, se volvía a los mismos niveles de antes.
"La
política regional trataba de evitar -sigue Joaquín Aurioles- tres
elementos: la absorción de empresas por parte de las grandes
empresas de otros países, por lo que había que restituir el tejido
empresarial; la destrucción de empleo, por lo que había que
restituir la empleabilidad, y conseguir un nivel medio de
competitividad, por lo que había que restituir el stock de capital,
y dentro de ello estaba la mejoría de las infraestructuras, aunque
sea un apartado menor". Y su balance es el siguiente.
Demoledor. "De lo primero, casi nada; de lo segundo, ahí
están todos los casos de los sindicatos, los cursos y demás, y de
lo tercero, poco, a excepción de la infraestructuras".
Mauro
Ruiz, profesor de Análisis Económico de la Universidad de Sevilla,
asegura que el problema es que "las prioridades de la Junta
nunca han sido los proyectos de desarrollo".
Evidentemente,
los avances no han sido ni con mucho los esperados. La estructura
productiva sigue anquilosada en los eslabones más débiles de la
cadena -una muestra muy clara es que el grueso del aceite se sigue
vendiendo a granel- y lejos de que sectores con más valor
añadido tomen el relevo, unido a que la crisis ha traído consigo el
hundimiento de la construcción y un nuevo proceso de
desindustrialización, que se ha cebado especialmente con provincias
como Sevilla.
Andalucía
representa el 18% de la población española y el PIB sólo el 13,8%.
Además, sólo su sector primario supera este peso con el 29%,
mientras que la aportación de la construcción y los servicios es
del 14% cada uno, y la industria sólo del 9%.
Alejandro
Cardenete, director del departamento de Economía de la Universidad
Loyola en Andalucía, afirma El problema radica en que "está
muy sometida a la coyunturalidad, y actividades como la construcción
prácticamente han desaparecido. El sector servicios es
demasiado estacional y el industrial tiene que ser relanzado".
Sobre
el trabajo, Ferraro es muy crítico, porque entiende que el
modelo educativo andaluz, basado en el "para todos" sobre
otros criterios, ha impedido una educación en excelencia y ha dado,
como resultado, unos trabajadores poco cualificados.
Y, por otra parte, la iniciativa empresarial, entendida como el
interés personal por crear empresas, es muy limitada, muy pegada al
terruño e ignorante del entorno globalizado.
Pero
el
catedrático de Economía de la Hispalense Francisco Ferraro
Ferraro apunta a otros problemas: considera
que el marco institucional no es bueno, porque ni las leyes que se
promulgan son efectivas y ni la calidad del Gobierno andaluz es la
adecuada. Es mala. De hecho, el índice de calidad de los gobiernos
que publica la Comisión Europea (EQI) coloca a Andalucía en el
puesto más bajo de España, comparable al de algunos territorios
polacos y por encima de los griegos y de los del sur y centro
italianos.
Una de las deficiencias que Ferraro apunta, en este sentido, es la
ausencia
de evaluaciones de las políticas. "No se miden sus efectos, a
pesar de que sabemos que hay algunas, como las de empleo, que no
sirven para nada",
concluye Ferraro.
7.-
EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA
La
región sigue perdiendo posiciones en el mapa de la riqueza de
España, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional
de Estadística (INE). Diciembre
de 2017 ni siquiera en el nuevo marco de recuperación económica la
región consigue acortar distancias con otras regiones más
desarrolladas. Así, la riqueza media por andaluz (PIB per cápita)
se sitúo en
17.790 euros en el año 2016, frente a los 32.815 euros de los
madrileños,
que son los compatriotas con mayor nivel económico, Este desfase
supone que un
habitante medio de Madrid es casi el doble más rico que uno de
Andalucía. Este
último informe de la Cuenta Regional de España publicado por el INE
refleja que el PIB per cápita de Andalucía representa solo un 73,9%
de la media nacional, que se sitúa en 24.080 euros,
En
esta carrera por la convergencia económica, la región vecina no ha
llegado a desfondarse durante los cinco años de crisis y pese a que
ha perdido terreno, como casi todas las comunidades autónomas, el
retroceso ha sido menor que el andaluz. Con ello, los extremeños han
acercado posiciones
Si
el empleo se considera la mejor política de cohesión de los
territorios, junto al capital, el parque de empresas o el espíritu
emprendedor, en estos últimos años de graves dificultades
económicas estos factores no han hecho más que degradarse en
Andalucía
La
mayor parte de las sociedades de estudios coinciden en que crecerá
una décima por debajo de la media española, desde el 2,6% que
vaticina BBVA al 1,9% que estima Loyola, que considera además que
el adelanto electoral,"demasiado anticipado", es un factor
negativo, pues entiende que se ha perdido un año para la ejecución
de un presupuesto recién aprobado, lo cual paraliza las decisiones
empresariales.
En
el plano político, el profesor Mauro Ruiz critica la "diatriba
entre los grandes ayuntamientos, en su mayoría controlados por el
PP, y la Junta, que veta sistemáticamente todos los proyectos".
Asimismo,
apunta a la corrupción como un gran hándicap. "La sensación
de que aquí es mayor supone un freno a las inversiones. Y la
sobrelegislación es un agravante. Se cumple el caso de la teoría
de las expectativas racionales". En esta línea, destaca las
oportunidades perdidas por la comunidad, "con los fondos
malgastados, asunto que está siendo investigado dentro de los casos
de la formación o los ERE".
La
errática fiscalidad es otro importante problema, según los
economistas. "El Impuesto de Sucesiones y Donaciones
es una carcoma de la clase media, que elimina incentivos al ahorro y
al trabajo", indica Ruiz.
Por
su lado Cardenete, apunta que "una economía esclerótica
donde ser rico es ganar mas de 60.000 euros anuales y la presión en
IRPF es de las mayores de España, no es precisamente crear un clima
atractivo a los inversores y empresarios".
Ni
por salarios ni por fiscalidad ni por tecnología, Andalucía puede
competir con el resto, a pesar de ser más pobre, De este modo,
seguimos encerrado en nuestro particular bucle. Concluye que nuestra
competitividad sólo mejorará si nos diferenciamos en algunos de
estos tres factores: salarios, tecnología y fiscalidad. Y por
ninguno de ellos nos distinguimos, quizás los más difíciles de
conseguir sea la competitividad salarial y la fiscal,
ambas por causas políticas, pero el tiento en la inversión
tecnológica ha sido muy mejorable.
Un
caso ilustra esto. A mediados de octubre comenzó un verdadero
éxodo de empresas catalanes hacia otras regiones españolas a causa
de las pérdidas que causaba el riesgo de la independencia. Fueron
miles, pero sólo tres decidieron trasladarse a Andalucía y porque
ya contaban con instalaciones en las provincias de Córdoba y de
Málaga. La Andalucía de las oportunidades empresariales
nadie la ve fuera de nuestras fronteras regionales, no somos
atractivos ni por bajos salarios ni por bajos impuestos, sino todo lo
contrario, ni por una tecnología eficiente que reduzca los costes.
Para
el catedrático de Economía de la Hispalense Francisco Ferraro, "no
es que perdamos convergencia, estamos divergiendo, y lo que debemos
preguntarnos, más allá de las causas coyunturales, es por qué
crecemos menos y, en definitiva, por qué producimos menos".
Por
parte del capital, es cierto que la inversión privada en Andalucía
sigue siendo muy baja, por debajo del porcentaje que le corresponde
por población, lo que le lleva a preguntarse por qué invierten tan
poco las empresas en la comunidad.
Ésta
es una pregunta esencial. No sólo su respuesta, sino su formulación,
porque lo cierto es que, como antes se apuntó, las compañías no
eligen a Andalucía para la inversión. Su atractivo diferencial no
existe. Ni en salarios ni en tecnología ni en impuestos
8.-PESO
DE
LA INDUSTRIA
EN
ANDALUCÍA
En
España, la industria supone un 16% del PIB, mientras que en
Andalucía el PIB industrial equivale a un 12% del total.
Andalucía en Europa, y saber que la
mayoría de las regiones europeas están por encima del nivel de
Andalucía.
Por tanto, se puede considerar que Andalucía se encuentra a la cola
de Europa, tanto a nivel económico por cápita como a nivel
industrial. Andalucía solo se puede comparar con las regiones del
sur de Italia, Portugal y los países del Este, ya que es superada
por la totalidad de las regiones de países como Francia, Alemania o
Inglaterra. Dada
la extensión y población de Andalucía, es intolerable que se
encuentre a la cola en la economía europea.
la industria representa el 13% de la economía total de Andalucía,
situándose como el segundo factor más importante del PIB regional,
por detrás del sector
servicios, que alcanza la desmesurada cifra del 74%
El
tejido empresarial andaluz está compuesto principalmente por micro
empresas de menos de 10 trabajadores, llegando a ser el 88% de las
empresas industriales andaluzas.
El 12% restante son PYMEs, las cuales han sido las más golpeadas por
la crisis económica.
Sólo un 8% de los
empleados pertenece al sector industrial.
Por otro lado, el sector industrial está sufriendo una caída de
empleo superior al de agricultura y servicios, cercana al 30% en los
últimos cinco años.
De
este análisis se observa una fuerte desindustrialización del
mercado laboral en Andalucía, ganando fuerza la agricultura frente a
la industria y la construcción. Sin duda, la tasa de paro cercana al
37% es un problema económico vital a corto plazo, pero ese
reparto laboral, muy encaminado tanto al sector servicios como al
sector agrícola, puede provocar una fuerte recesión de Andalucía
en los próximos años y décadas, al haber una huída de
profesionales a otras regiones del país, o incluso al extranjero.
La
economía andaluza depende fuertemente de la economía de España y
ésta a su vez de la economía de la zona Euro (principales zonas
importadoras de productos andaluces).
-
Andalucía ejerce un papel muy débil dentro de la industria española pese a ser la comunidad autónoma con mayor población del país.
-
Andalucía está sufriendo una desindustrialización a favor de otros sectores como el terciario y el agrícola.
-
Económicamente la industria andaluza parece haber logrado estabilizar su caída, aunque no se ven vestigios de recuperación.
-
El tejido empresarial andaluz está fuertemente formado por micro empresas, lo cual resta competitividad en el mercado mundial.
-
La industria extractiva soporta las mayores caídas de precios industriales.
Según
Eduardo
Garzón Si
en Andalucía tenemos más paro que en otras regiones se debe
fundamentalmente a la debilidad y estrechez de nuestra estructura
productiva.
Mientras
nuestra región se caracterice por tener un tejido industrial pobre
que
no pueda generar importantes “efectos arrastre” sobre el resto de
actividades económicas, no
importará lo emprendedores que seamos, lo formados que estemos, lo
currantes que seamos, o las buenas intenciones que tengamos;
seguiremos sufriendo altas tasas de desempleo.
Un trabajo de CRITERIABLOG
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