Poco
a poco se fue haciendo visible la organización piramidal del
escándalo originado, según la conclusión del Tribunal Supremo, por
la voluntad política
de un partido
(PSOE) de
utilizar las instituciones y el dinero público para afianzar su
hegemonía en una región, la
andaluza, mediante
el uso indebido de subvenciones irregulares y sectarias a las que
disfrazó convenientemente de "transferencias de financiación".
Esto es, la corruptela nació en la Junta porque fue la
Junta quien la diseñó para servir a los intereses políticos del
PSOE andaluz. En
los casos de valencia hay sobretodo mordidas o comisiones que también
las hay en Andalucía,
pero no concesiones de dinero publico de los impuestos de los
ciudadanos y destinados a
aquellos que se encuentran en situaciones de
dificultad, como los parados en el caso ERE
Se sabía que el PSOE,
como en otros casos anteriores como Filesa,
trataba de hacerle la vida imposible a quienes afectaban de manera
directa a su poder de influir en los ciudadanos mediante juicios de
gran repercusión. Fueron
muchas y variadas las tácticas de la Junta para desgastar la figura
de Mercedes Alaya,
desde señalar al marido como alguien sospechoso a poner en duda su
imparcialidad o destacar sus relaciones
"íntimas"
con algunos líderes del PP.
Sin
embargo, la carambola inesperada procedió de lo voluntad de la
propia juez Alaya de optar a un ascenso
en su carrera profesional,
a lo que tenía derecho con la fundada esperanza de seguir
instruyendo el caso ERE y otros que tenía en cartera hasta su
finalización,
tal y como había ocurrido siempre en la Justicia española. Pero
no fue así. Cuando
todo el mundo creía en el círculo judicial sevillano y andaluz que
el sucesor de la juez Alaya en el juzgado de instrucción iba a ser
su juez de apoyo Álvaro Martín,
sobrevino la sorpresa. Una juez de familia sin experiencia penal pero
con buenas relaciones personales con el consejero de Justicia de la
Junta, Emilio de Llera, el martillo de
la juez Alaya, ocupaba el puesto por razón de antigüedad.
La juez Alaya
resumió su extrañeza y su desconfianza ante esta circunstancia que
se concretó de manera inmediata en una primera desautorización del
último auto emitido por la instructora habitual hasta entonces y
terminó en una guerra abierta entre ambas juezas,
hábilmente atizada desde los altos despachos de la Junta de
Andalucía. El final fue la
exclusión de la juez Alaya del caso y todo el poder para la nueva
juez, María Ángeles
Núñez Bolaños.
Por
tanto, en este momento nadie
sabe qué va a pasar realmente
en el caso de los ERE pero crece la sospecha de que dada las extrañas
maniobras que han concurrido en su instrucción, al final, uno de los
más grandes casos de corrupción de la historia de la democracia
española, del Partido Socialista y de la Junta de Andalucía, no
tenga las consecuencias judiciales que se esperaban. El tiempo lo
dirá. Pero lo que parece es que los partidarios de la confusión han
logrado su propósito de oscurecer la claridad que se desprendía de
la instrucción de la juez Alaya. En valencia
o Madrid, con un gobierno de la
Nación con mayoría absoluta del PP,
están saliendo a la luz los distintos casos, sin
que haya intentos de obstaculizar las actuaciones judiciales con
instrucciones especificas a la fiscalía,
y sin intentar paralizar lo que por el momento político
no resulta oportuno
LOS PARTIDARIOS DEL PSOE
Y ALGUNOS DE SUS MIEMBROS ACUSAN AL PP DE TRAMA PARA FINANCIARSE
ILEGALMENTE EN LA QUE ESTÁN IMPLICADOS ALTOS RESPONSABLES, AHORA SE
MIRA A RITA BARBERA ALCALDESA REFIRIÉNDOSE A CORRUPCIÓN
INSTITUCIONALIZADA Y CESTO PODRIDO, PERO NO NOMBRAN O SE TAPAN LA
NARIZ Y MIRAN HACIA OTRO LADO CUANDO MAS AL SUR SON Los
ex-presidentes
de la Junta, Manuel
Chaves y
José
Antonio Griñán,
junto a otros 50 ex-altos
cargos los que
serán juzgados por el caso ERE en una pieza separaDA.
La juez
María
Núñez Bolaños
acordó
el inicio de diligencias previas para averiguar si la forma de
proceder de los investigados es constitutiva de delito.
El auto de la juez
Núñez Bolaños abrió
diligencias por "la
posible existencia de un delito continuado de prevaricación".
Se juzgarán los hechos relativos a la participación
"activa y consciente" de los cargos a los que alude en el
diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico
que permitió la gestión de esas ayudas. Dicho procedimiento se
refiere al sistema de transferencias de financiación que logró
desviar el dinero público del circuito habitual eludiendo los
mecanismos de control por parte de la administración. De esta forma,
las instituciones públicas IFA y Agencia Idea, ambas adscritas a la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, se hicieron cargo
del reparto de las ayudas.
Por este
procedimiento, como recoge el auto, se inició la implantación del
sistema de transferencias de financiación para subvencionar por
otros motivos. Se hizo en contra de la normativa, que delimitaba este
tipo de transferencias a unas funciones lejanas a la subvención
que empleó en la
práctica el consejero de Empleo,
José
Antonio Viera,
y quien sería su sucesor, entonces viceconsejero,
Antonio
Fernández.
En el listado
de ex altos cargos figuran los expresidentes y los
exconsejeros de Hacienda, Empleo e Innovación, además de Viera,
Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio
Ávila, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, Magdalena Álvarez y
Martín Soler. Figuran además los exviceconsejeros de estos
departamentos, ex directores generales, el que fue interventor
general, Manuel Gómez, el ex jefe de los servicios jurídicos de la
Junta, Francisco del Río, y todos los que fueron miembros del
consejo rector del IFA y la Agencia Idea, entre ellos el actual
presidente de Unicaja, Braulio Medel, o el actual presidente no
ejecutivo de Abengoa, José Domínguez Abascal.
El ex director
general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco
Javier Guerrero,
dejó en evidencia a la Junta de Andalucía a la que responsabiliza
del funcionamiento del "fondo de reptiles". Trató de
demostrar su afirmación ante la nueva juez del caso, María
Ángeles Núñez Bolaños
mediante la información de que hubo una reunión en 2005 en la que
la ex viceconsejera de Economía Carmen Martínez Aguayo
avaló la legalidad del "fondo de reptiles" o sistema de
las transferencias de financiación por el que se concedían las
ayudas de los ERE.
A dicha reunión
asistió, entre otros altos cargos, el entonces
Intervención General de la Junta, Manuel Gómez, que conocía,
pues, el sistema y lo admitió.
Guerrero ha mandado un recado a la Junta afirmando que los expedientes completos de los ERE y las ayudas estaban en la Consejería y que si no están es porque alguien los ha hecho desaparecer, admitiendo que las ayudas a empresas y a trabajadores eran "discrecionales"
Guerrero ha mandado un recado a la Junta afirmando que los expedientes completos de los ERE y las ayudas estaban en la Consejería y que si no están es porque alguien los ha hecho desaparecer, admitiendo que las ayudas a empresas y a trabajadores eran "discrecionales"
En
el transcurso de su declaración, Guerrero admitió que hubo
ayudas a determinadas empresas,
no en régimen de concurrencia y sin conocimiento general, para que
"cancelaran créditos con bancos, conseguir líneas de descuento
o cancelar deudas con la Seguridad Social", lo que muestra el
grado de amiguismo y arbitrariedad alcanzados por el sistema. Incluso
hubo ayudas relacionadas con compromisos de otras consejerías, entre
las que ha citado unas al 112, lo que implica la
transversalidad del "fondo de reptiles",
usado según los intereses de la Junta de Andalucía.
Francisco Javier
Guerrero está imputado por prevaricación, malversación y cohecho,
entre otros delitos relacionados con el Parque
Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga. Precisamente allí es
donde trabaja desde hace años uno de los hijos de
Guerrero, A. G. N, en la actualidad "responsable
de compras". Su padre, el que concedió las ayudas, dijo no
saber nada del contrato de su hijo.
Eso sí, la multinacional invitó a Guerrero cuando aún era cargo
del Ejecutivo regional a una convención mundial que celebró en
París por el apoyo que ésta brindó a A Novo Comlink España e
incluyó la invitación a disfrutar de un partido de tenis del Roland
Garros.
LA CANTIDAD DE LO HASTA
AHORA INVESTIGADO EN VALENCIA ES INCOMPARABLE CON EL CASO DE CORRUPCIÓN OCURRIDO BAJO ADMINISTRACIÓN SOCIALISTA EN ANDALUCÍA
La presunta trama de
prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de
regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida
presupuestaria 31L, considerado el primer fondo de reptiles. En su
declaración, el que fuera director general de Trabajo y Seguridad
Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, cifró
dicha partida en "933 millones de euros y 887 fraudes".
En rueda de prensa, Sanz explicó que
su partido ha tenido acceso a una "documentación que pudiera
elevar la cifra que nos cuesta a los andaluces este fraude a 1.400
millones de euros". Se
trata de "pruebas"
que ya han sido entregadas a la juez Alaya
y que apuntan a que el 22 de diciembre de 2010 "hubo
una reunión" entre el entonces viceconsejero de Empleo, Justo
Mañas, la aseguradora Vitalicio y varios representantes sindicales
para "cerrar un calendario de pagos" en el que "se
viene a reconocer no solo lo que se había gastado año a año en el
fondo de reptiles, sino lo que es peor lo que quedaba
por pagar hasta el
2015".
Según este documento, la Junta de Andalucía
tiene una deuda total respecto a los ERE y las ayudas a trabajadores
de 535.298.340,73 euros a pagar desde 2011 hasta 2015, lo que, sumado
a los 933 millones declarados por Guerrero según el auto judicial
699 de partida más "un tercio de la responsabilidad exigida
judicialmente" y "dos partidas no existentes en los
presupuestos enviados a la juez y no reconocidas"- serían más
de 1.400 millones.
"En este
documento se concretan cómo hasta el 2015 hay compromisos de pago de
535 millones de euros, lo
que eleva aún más la gravedad y magnitud del escándalo",
ha lamentado.
"Esto
significa que la bola engorda y que no solo se cometió fraude ayer y
hoy, sino que se nos
ha dejado una deuda política inaceptable para el mañana.
Es una bola de nieve cada vez más grande de pagos comprometidos que
demuestran, por tanto, que lo defraudado no son los 933 millones
declarados por Guerrero sino 1.400", insiste.
Ante "tales
magnitudes", que "distan mucho" de "los 20
millones de los que habla" la propia Junta de Andalucía, según
ha recordado Sanz, el PP-A considera que "aún queda mucho por
descubrir en los ERE y mucho por avanzar en esta materia", ya
que "parece que esto no acaba nunca" y que la
"frivolidad del Gobierno
andaluz" a la hora de conceder estas ayudas era "inagotable",
convirtiendo a Andalucía en "el
parque temático de la corrupción".
POR
CIFRA
DE IMPUTADOS Al PP le pesan los casos de 'Gürtel', 'Bárcenas',
'Emarsa' o 'Nóos', mientras que
la trama con mayor número de políticos implicados es la de los
'ERE' de Andalucía,
asociada
al PSOE. Este caso, investigado por la jueza Mercedes Alaya, llega
ya a la cifra de 270 imputados,
de los cuales muchos
son
políticos y altos cargos
El caso de los ERE de
Andalucía ha ganado "altura" con la inculpación por el
Supremo de los responsables de la Junta de Andalucía, los
expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y los
exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera. El TS ha pedido
el suplicatorio por prevaricación administrativa para Chaves,
Zarrías y Viera, que han renunciado a sus actas de diputados, ha
inculpado a Griñán, que abandonó su cargo de senador, y ha
absuelto a la exconsejera Mar Moreno.
La también exconsejera y exministra Magdalena Álvarez, dos hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez (por los suelos de Mercasevilla), dos hijos de Ruiz Mateos, exdirectivos y extrabajadores de las aseguradoras Vitalia y Uniter, exsindicalistas y hasta un exfutbolista.
270 imputados como presuntos responsables del desvío de 850 millones de euros públicos destinados a prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis económica.
¿Se pueden considerar equivalentes los delitos de cobro de
comisiones que por ilegales sus principales beneficiarios no podían
declarar, a los delitos que merman las arcas públicas y empobrecen
aun más la Comunidad Autónoma haciéndola mas dependiente y
clientelar del poder enquistado desde hace décadas en la misma?
Alaya preimputó a
Chaves y Griñán, así como a los exconsejeros, presuntos delitos de
prevaricación y malversación de fondos públicos. Francisco Javier
Guerrero. El ex director general de Trabajo de la Junta es el
principal imputado (y el primero que entró en prisión). Se le
acusa de conceder ayudas ilegales, entre otros, a su suegra, a sus
amigos y hasta a su exchófer, que declaró ante la jueza que había
gastado 25.000 euros de dinero público al mes en cocaína para él y
su jefe. Encarcelados. No queda ningún imputado en prisión,
después de que todos hayan ido abonando las fianzas impuestas por la
magistrada. Dinero robado. El fondo de reptiles es la partida 31L, de
más de 650 millones de euros, utilizada para pagar los ERE
fraudulentos. Se calcula que el dinero presuntamente defraudado puede
superar los 1.200 millones de euros. La Junta dice haber recuperado
unos 5 millones procedentes de los intrusos, aunque el vicesecretario
general del PSOE-A, Mario Jiménez, reconoció que «no recuperaremos
todo el dinero» de esta trama.
Para que los casos de
corrupción se dieran en las distintas comunidades
autónomas tubo que haber connivencia
con las distintas empresas, en el caso andaluz la
lista de empresas implicadas es interminable: Bodegas González
Byass, Minas de Riotinto, Dhul, etc. Sindicatos. Pero lo que
es peor La Guardia Civil establece que los sindicatos
recibieron 7,6 millones de euros por mediadoras en los ERE entre 2000
y 2010. lo que confirma que en caso de corrupción
institucional el entramado andaluz ha
sido mas fielmente concebido organizado
y consolidado ello se deduce por ejemplo en el IFA,
antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (ahora,
Agencia IDEA). Que era el ente que abonaba las ayudas
con cargo a la partida 31L, saltándose presuntamente los mecanismos
de control impuestos, existiendo para ello un conseguidor
Juan Lanzas era uno de los tres cerebros de la trama, quien ponía en
contacto a empresas, aseguradoras y cargos públicos la extensión
del caso va más allá de unos ladrones de poca monta, con una trama
perfectamente engrasada a base de dinero público.
¿Cómo funcionaba la trama?
En julio de 2001 la Consejería de Empleo y el
Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) suscribieron un acuerdo que
permitía sustraer a los trámites ordinarios la partida
presupuestaria 31.L de la Junta de Andalucía, destinada a ayudas
sociolaborales, el denominado por alguno de los imputados “fondo de
reptiles”. Así, el dinero para subvencionar los expedientes pasaba
de la Consejería al IFA, donde quedaba oculto a miradas indiscretas.
La entidad, dependiente de la Junta pero con funcionamiento autónomo,
decidía sin necesidad de someterse a los controles políticos y
administrativos el destino de los fondos. Gracias a ese convenio, el
entonces director general de Empleo, Javier Guerrero, manejó durante
casi diez años el fondo en representación de la Consejería, pero
con las manos libres. La concesión arbitraria de ayudas facilitó la
aparición de mediadores y conseguidores que se encargaban de
negociar las ayudas con Guerrero a cambio de jugosas comisiones. La
falta de controles ayudó, al mismo tiempo, a que se acumularan todo
tipo de irregularidades, como la inclusión de intrusos en los
procesos regulación de empleo o el desvío de fondos.
Además de la de
Guerrero existe otra figura clave, el exsindicalista Juan
Lanzas, el conseguidor de la
trama. Su papel era mediar entre las aseguradoras que aspiraban a
suscribir las pólizas de prejubilación y los altos cargos que
debían concederlas. Así, las compañías de seguros destinaban una
cantidad para ablandar la voluntad de los cargos implicados y a
cambio cargaban un sobrecoste a las pólizas por encima del precio
normal del mercado. Todo el mecanismo estaba lubricado con el desvío
hacia un lado u otro de pequeños porcentajes del dinero destinado a
las empresas en quiebra. Y cada vez que una cantidad pasaba por sus
manos, Lanzas, presuntamente, se quedaba con una parte sustancial que
luego repartía con su círculo más cercano. Se calcula que durante
los años que se mantuvo activa la trama pudo amasar hasta 13
millones de euros.
Por último en esta
cruzada contra el Partido Popular de algunos representantes de PSOE y
medios de comunicación afines a la izquierda de esta País, en este
momento postelectoral y se supone que pactista en el que nos
encontramos se han hecho eco de la destrucción de dos equipos en los
que guardaba información sensible sobre la caja B del PP, no
podemos olvidar la polémica por la destrucción
de documentos relativos al caso de
los ERE , en la Consejería Andaluza de
Empleo
Se trituraron muchas bolsas con documentación
probablemente sensible al caso, en el departamento de Economía,
Ciencia e Innovación, en las últimas semanas de noviembre de 2010
tras el estallido del escandalo sin que se hubieran utilizado, como
es costumbre, las cajas de reciclaje que estaban instaladas en la
Consejería
De este departamento dependen las agencias como
IDEA, implicadas en el tráfico de subvenciones de los ERE, pero no
es la única consejería implicada en el caso.
Diversas informaciones situaron al
consejero de Empleo, Manuel Recio, y
al viceconsejero, Justo Mañas, en la
sede de este departamento en la jornada del 21 de
noviembre de 2010, domingo, día en el que
supuestamente se destruyeron documentos sobre los ERE irregulares;
no se pudo desmentir que la reunión se hubiera producido.
El responsable del área económica del PP-A,
Rafael Carmona, afirmó en rueda de prensa que si
desde el gobierno de la Junta lo sabían y no lo denuncian
son"cómplices", porque"lo que nadie duda es que hubo
una reunión para revisar los expedientes".
Por Fran J. Polo
«Durante los más
de 30 años de autonomía política, la comunidad autónoma andaluza
ha experimentado un crecimiento semejante al resto de España...
distanciándose [de la media nacional] en los años de crisis y
aproximándose en las fases de expansión... El
desequilibrio entre el gasto y la renta regionales ha sido una
constante en el periodo autonómico. Un desequilibrio cubierto con
financiación exterior procedente de transferencias públicas de la
UE y del resto de España»,
sostiene el documento Un programa de ajuste y competitividad para
Andalucía, publicado por el Observatorio
Económico de Andalucía
(OEA) en 2012.
El Gobierno autonómico ha estado siempre en
manos del PSOE, pese a lo cual Andalucía no ha conseguido salir de
los últimos lugares en el ranking de prosperidad español Su PIB per
cápita es de 16.666 euros, el antepenúltimo de las 19 comunidades y
ciudades autónomas, frente a los casi 30.000 euros del País
Vasco y los 28.915 de Madrid.
¿Es Andalucía una sociedad subsidiada? En la
Comunidad reside el 17,52% de los pensionistas (contributivos y no
contributivos), lo cual está en línea con su población, que es el
18% de la de España, pero tiene más prestaciones no contributivas
(el 22,9% en 2011) que el resto del país. Los andaluces reciben,
además, el 23,1% de las pensiones de invalidez. De todas las
solicitudes por ley de dependencia formuladas a finales de 2012, el
24,9% se había presentado en Andalucía.
La explicación de la divergencia está, en
parte, en la picaresca y en la corrupción. Los casos de
corrupción desbordan las hemerotecas: los ERE,
Invercaria, Bahía Competitiva, facturas falsas...
Es una economía con una
menor tasa de empleo, con menos empresas por habitante, con empresas
más reducidas, factores de producción de menos potencial, tanto en
el trabajo como en las inversiones. Se une a esto que las
instituciones que tenían capacidad de actuar no han aplicado las
políticas adecuadas.
Entre 2007 y 2012 se gastaron entre 1.000 y 1.200
millones al año en políticas activas de empleo. El único resultado
visible han sido las denuncias contra UGT
por su presunta financiación irregular a través de estos programas,
que ya en 2014 el Observatorio Económico pidió suprimir. «Tenemos
un 35% de paro», explica Ferraro, «y desde que se constituyó la
comunidad autónoma las políticas de empleo han sido prioritarias.
No ha habido gobierno en el que el empleo no haya sido central.
¿Alguien cree que si esos programas no se hubieran aplicado hoy
tendríamos menos paro? Se combina la inutilidad de la política con
la falta de debate».
El empleo público suma
468.428 personas, el 18,6% del total nacional, cifra en línea con su
población, pero que excede su aportación al PIB (el 13,7%). Es
muy relevante el elevado peso del empleo público en relación al PIB
(3,2 empleados públicos por millón de euros del PIB, frente al 2,2
de media de las comunidades)
lo peor es el rechazo social a las reformas: «La
reformas se identifican con recortes. Tenemos un Gobierno y una
sociedad conservadoras. En el mundo moderno, en una sociedad
globalizada, rechazar las reformas es un suicidio a medio plazo».
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